Escuchar¿Cuántos hemos considerado comprar un vehículo que, aparte de amigable con el medioambiente, nos ahorre combustible? Lamentablemente, a enero del 2022, apenas 2.700 vehículos eléctricos circulaban en nuestras carreteras, una cantidad muy distante de los 100.000 que se fijaron como meta para el año 2023.
En gran medida, la falta de infraestructura y de cambio de paradigma en la sociedad costarricense con respecto al uso de vehículos eléctricos son los responsables de que se esté tan lejos de alcanzar el objetivo.
De acuerdo con un estudio efectuado en el 2020 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principal desafío para cumplir con el Plan de Descarbonización es reducir las emisiones de dióxido de carbono del sector del transporte.
La ley de incentivos aprobada en el 2018 procuraba allanar el camino para la transición a una flota vehicular sostenible. A pesar de que este fue un primer gran paso hacia la descarbonización del transporte, no se contempló lo que conlleva la transición en infraestructura de recarga y la desconfianza de las personas en este tipo de automotores.
Existen varias posibles soluciones que si se ejecutan, preferiblemente de forma simultánea, facilitarían el cambio. La primera es promover las estaciones de recarga mediante el aval a terceros para la venta de energía a través de electrolineras.
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La segunda opción es incluir en la ley los autos que no son 100% eléctricos, como una forma de que la gente se acostumbre gradualmente a la tecnología. Un vehículo híbrido autorrecargable, híbrido enchufable o de hidrógeno sería una buena opción antes de aventurarse a pagar por uno eléctrico.
Los modelos híbridos a la venta en el mercado costarricense son significativamente más costosos que los que no lo son (entre un 20 y un 30% más). De acuerdo con el Anuario 2020 de la revisión técnica vehicular, los autos de combustión emiten en promedio 258 gramos de dióxido de carbono por kilómetro recorrido, mientras que los híbridos lanzan 120, es decir, un 53% menos.
Si existieran incentivos para la comercialización y adquisición de otros vehículos amigables con el ambiente, similares a los otorgados a los eléctricos, la transición hacia una flota vehicular más sostenible se llevaría a cabo gradualmente, pero a un mayor ritmo, y nos aproximaríamos más pronto a la meta de descarbonización del 95% del parque vehicular en el 2050.
Los incentivos de la Ley 9518 están próximos a expirar, lo que podría ser propicio para una nueva legislación más amplia y beneficiosa para los conductores y el país.
La reforma de la ley de incentivos y promoción se encuentra bajo el expediente 22713. En ella se propone esencialmente un cambio de definiciones para que abarque otros medios de transporte sostenibles, sin un techo o tope que limite la aplicación, por ejemplo, para la compra de vehículos de trabajo.
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También, incluye los que utilizan tecnologías limpias que cuenten con un motor eléctrico de, como mínimo, 25 kilovatios. Aunque se ofrecen incentivos menores en comparación con los totalmente eléctricos.
El proyecto propone, asimismo, la incorporación de estudios previos que demuestren la viabilidad técnica y financiera para el reemplazo de la flotilla de autobuses.
La descarbonización depende de las decisiones que se tomen hoy. Excluir tecnologías que pueden contribuir a la mitigación de las emisiones solamente retrasa los esfuerzos para afianzar a Costa Rica como un referente ambiental.
El autor es administrador de empresas.
