La noticia de que los principales países donantes suspendieron temporalmente su cooperación a la UNRWA (siglas en inglés de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) podría constituir un punto de inflexión en el quehacer de esta organización, y quizá de algunas otras del sistema de las Naciones Unidas.
Si bien es cierto que la decisión se suscitó a raíz de la reciente acusación de que 12 de sus miembros estuvieron involucrados con Hamás en la masacre del 7 de octubre, es evidente que un acuerdo de esta magnitud no la tomarían tantos países sin información que la respalde, sobre todo, considerando el impacto de esta decisión en la población de Gaza.
La UNRWA es un organismo sui generis. El sistema de las Naciones Unidas para los refugiados cuenta con dos agencias especializadas, por una parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), a cargo de personas en esa condición, que han sido forzadas a huir de guerras y conflictos en todo el mundo. El Acnur tiene oficinas en todos los continentes y se ocupa de alrededor de 29,4 millones de personas.
Por otra parte, la UNRWA se circunscribe a los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, partes de Jordania, Líbano y Siria, que suman aproximadamente 5,6 millones.
A diferencia del resto de los refugiados del mundo, cuyo estatus no es hereditario, para la UNRWA, los descendientes de varones refugiados palestinos conservan su condición de refugiado aún cuando se hayan integrado a otras sociedades, manteniendo así los derechos originales.
Otra diferencia significativa es que mientras los campamentos del Acnur son temporales, pues su política se basa en la inserción de los refugiados en países de acogida, los campamentos de la UNRWA se volvieron “hogares” permanentes, algunos tienen alrededor de 70 años.
En conclusión, los refugiados palestinos tienen su propia agencia, que es además la más grande de las Naciones Unidas, y su propio estatus, lo cual explica por qué la población refugiada palestina ha crecido de los 750.000 que huyeron o fueron desplazados de sus hogares durante la guerra de 1948, cuando cuatro países árabes atacaron el recién fundado Estado de Israel, a los 5,6 millones que viven en la actualidad en los 58 asentamientos de la UNRWA.
Gaza tiene una población de aproximadamente 2,3 millones de personas, de los cuales 1,5 millones son refugiados y sus necesidades básicas están cubiertas por la UNRWA en ocho campamentos. La agencia tiene también una gran influencia y, en algunos casos, el manejo de las políticas de salud y educación de la Franja.
Como consecuencia, podría inferirse que la relación entre la UNRWA y el gobierno dirigido por Hamás desde el 2007 requiere de una gran coordinación, por no decir casi un cogobierno.
La guerra iniciada por Hamás el 7 octubre permitió que el planeta finalmente conociera lo que Israel viene denunciando desde hace varios años: textos educativos que incitan al odio y la violencia contra los judíos; la construcción de una infraestructura de guerra que se servía de la cooperación internacional originalmente donada para el desarrollo y las necesidades de la población gazatí; la existencia de una red de túneles más grande que el metro de Londres, con sofisticadas instalaciones, armamento de alto calibre, gran cantidad de salidas en poblados de civiles o incluso en las propias casas desde donde los terroristas lanzaban su estrategia de guerra; sótanos fuertemente armados bajo hospitales, entre ellos el Al Shifa, y escuelas cuyas instalaciones eran una simple fachada han sido “re-descubiertos” por un mundo incrédulo, con la espantosa sensación de que todo ello se ha hecho bajo las narices de la cooperación internacional.
La UNRWA está siendo investigada por la “torpeza” de 12 de sus funcionarios, que se sintieron en libertad de participar, así como algunos otros que no tardaron en alabar lo que estaban haciendo los terroristas el 7 de octubre.
El mundo espera que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias, que permita a los incrédulos entender lo de los escudos humanos, esos niños y enfermos que sirven de protección a los terroristas y que incrementan el número de víctimas civiles, una investigación que obligue a que la ayuda internacional llegue a los más necesitados, que contribuya a detener el terrorismo y la guerra, y que fomente de una vez por todas la convivencia pacífica entre ambos pueblos.
La ONU tiene en sus manos la palabra: una responsabilidad histórica que podría cambiar el panorama de Oriente Próximo.
La autora es politóloga, exdiputada y exdefensora de los habitantes.