La normalización de los homicidios en un país es un fenómeno profundamente lamentable que refleja una sociedad desensibilizada ante la violencia y la pérdida de vidas humanas.
En Costa Rica, la escalada de homicidios diarios ha alcanzado niveles preocupantes, con cifras que asombrarían a cualquier sociedad civilizada. Sin embargo, lo que resulta aún más angustiante es la aparente aceptación y resignación con la que se asume esta situación, como si fuera parte inseparable de la realidad cotidiana.
Es alarmante que, en un solo día, puedan ocurrir múltiples asesinatos y que la sociedad haya llegado a un punto en el que ya no se conmueva ni se consterne frente a estas tragedias. La normalización de la violencia solo perpetúa el ciclo de la delincuencia y la impunidad, creando un clima de inseguridad y miedo constante en la población.
La falta de contención del crimen y la ausencia de una dirección ejecutiva clara para prevenir la criminalidad son factores que contribuyen a este panorama desolador.
La negativa a dotar de recursos adecuados a las fuerzas del orden es un grave error que tiene consecuencias directas en el aumento desproporcionado de hechos violentos en el país.
Sin una verdadera voluntad política para abordar la problemática de la inseguridad y poner en marcha medidas efectivas de prevención del delito, el panorama seguirá empeorando. Culpar a los jueces y las leyes por la situación de violencia es un análisis simplista que desvía la atención de las verdaderas causas del problema.
Es necesario comprender que la solución no radica exclusivamente en la represión y el castigo, sino en la prevención y la creación de políticas integrales de seguridad ciudadana. Una verdadera operación policial que evite que los criminales sigan sembrando el terror en las calles es fundamental para restablecer la paz y la tranquilidad en la sociedad costarricense. Las autoridades deben trabajar en conjunto para implementar estrategias efectivas que aborden las raíces del problema y brinden una respuesta contundente al flagelo de la violencia.
El aumento exponencial de investigaciones criminales es una clara señal de que se necesitan acciones urgentes para revertir esta situación. La sobrecarga de trabajo de las autoridades represivas y el riesgo de colapso del sistema evidencian la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Es imperativo que se destinen los recursos necesarios, se establezcan políticas de prevención del delito y se promueva una cultura de paz y convivencia en la sociedad costarricense.
En un país donde la vida humana debería ser el bien más preciado, es inaceptable que los homicidios se hayan normalizado y que la violencia sea vista como algo inevitable.
Es hora de despertar del letargo de la indiferencia y exigir un compromiso real con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Juntos, podemos construir un futuro donde la violencia y el crimen no tengan cabida, donde cada vida importe y donde la justicia y la paz sean los pilares sobre los que se sostenga nuestra sociedad.
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Rafael Ángel Guillén Elizondo es exdirector general del OIJ.