La CCSS es una institución que por tanto “quererla” y “cuidarla” se dejó de remozar y modernizar, y, al mantenerla intacta y sin cambios, se nos ha venido carcomiendo por dentro. Parte del problema está en que al hablar de la CCSS, así, en mayúsculas, y mencionarla solo como institución, se olvida para qué fue creada.
Nuestros antepasados, siguiendo la tendencia del mundo occidental del momento, decidieron que el Estado liberal, más allá de sus funciones básicas de seguridad, Estado de derecho y administración de la justicia e infraestructura, iba a encargarse también de la previsión social y, por tanto, dotar a los ciudadanos de una seguridad social que incluiría un seguro de salud, unas pensiones y una administración de hospitales y sistemas de atención primaria de la salud.
Fue una decisión no exenta de muchos obstáculos, pero apoyada progresivamente por los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales.
Lo que se creó para una sociedad todavía muy rural y pequeña, con unas características muy particulares, fue cambiando y creciendo, y la sociedad y las necesidades fueron otras y la institución, bien que mal, se fue adaptando de forma lenta y dificultosa hasta llegar al punto que los cambios se tornaron más vertiginosos, pero la institución se quedó anclada.
A finales de los 60, sectores minoritarios de la socialdemocracia empezaron a advertir sobre los peligros de la excesiva burocratización de la CCSS y de que se convirtiera en un fin en sí misma. Los liberales también, pero más insistentemente.
En cada una de las grandes huelgas de los poderosos sindicatos médicos y de trabajadores de la salud, el resto de la ciudadanía fue presenciando en tiempo real cómo se iban apropiando poco a poco de la institución y cada movimiento sindical tenía que ver con cuánto más se extorsionaba al Estado para sacarle una tajada más grande al dinero destinado a la previsión social, y gastarlo en privilegios y prebendas desmedidas para esos trabajadores de la salud.
Fuimos viendo cómo, poco a poco, la institución se iba convirtiendo en una inmensa isla, blindada constitucional, legal y reglamentariamente para que nadie la auditara ni controlara, un lugar donde solo se hacía y dejaba de hacer lo que los empleados de la Caja dijeran; y donde la voz de los destinatarios del servicio —los asegurados— era ignorada y silenciada.
Los que pagan el seguro han tenido poco o nada que decir sobre cómo se brinda ese servicio. La CCSS es una institución maltrecha, dominada por mandos medios y gremios sindicales, con una representación gubernamental, empresarial y sindical en su Junta Directiva que poco o nada puede hacer, más que plegarse a lo que esa inmensa burocracia le diga.
Tiempo presente
La Caja no es una institución quebrada, pero sí con maltrechas finanzas que no van camino a mejorar, porque se despilfarra y gasta. Maneja hospitales que podrían ser infinitamente mejores que los que tenemos y que atienden mal y con lentitud a los asegurados.
Vive de la ficción de que es un seguro universal, cuando aproximadamente el 52 % de la fuerza laboral no está asegurada y vive en la más absoluta informalidad. El sistema de pensiones es probadamente insostenible y ya usa su fondo de reserva para pagar las pensiones actuales con una población que envejece a pasos agigantados y que no se renueva en la cantidad necesaria para hacer sostenible el sistema en el futuro.
Los escándalos de corrupción debidos a compras, construcciones, medicamentos y finanzas maquilladas son el pan de cada día en las dos últimas décadas. Todo el mundo dice quererla y admirarla, pero cada intento de modernización o simple remozamiento choca con un muro conservador que desde dentro se opone al cambio y se saca dos de cada tres días el fantasma de la privatización para que nada mejore y todo siga igual.
El problema con el gobierno del autoritario Chaves es que casi todo lo que ha hecho o dejado de hacer con respecto a la CCSS, y dándole el beneficio de la duda, que lo ha querido hacer con buenas intenciones, lo ha hecho con las patas, de forma chapucera, sin buena asesoría, saltándose leyes y reglamentos.
En un Estado de derecho como el nuestro, le guste a quien le guste y también al que no le guste, los cambios y mejoras no se pueden llevar a cabo de forma arbitraria y apresurada. Porque si quiere hacerlo así, hay una institucionalidad y un sistema de pesos y contrapesos, que por dicha existe y funciona, que le va a parar lo que está mal hecho.
Cuando las cosas se quieren hacer a la brava y mal, sin buscar apoyo en otras fuerzas políticas y sociales, solo para satisfacer egos y protagonismos, no llegan a buen puerto. Porque la tarea es inmensa y las fuerzas que controlan a la CCSS desde dentro y no quieren perder el negocio del que han vivido por tanto tiempo son poderosas y conectadas, y tratarán de traerse abajo todo cambio.
Pero además, para efectuar cambios y criticar el estado de las cosas, se necesita credibilidad. Es decir, lo que se dice tiene que ser consecuente con lo actuado. Usted no puede salir a decir que quiere parar las malas prácticas de contratación de los mandos medios en la CCSS y dos días antes se burla de los procedimientos de contratación de personal y trata de colocar a su antigua ministra de Salud y jefa de campaña en un puesto para el que no está capacitada y sin concurso público.
Usted no puede hablar de transparencia en las compras cuando por otro lado está creando un sistema opaco y arbitrario de compra de publicidad institucional en el Sinart para controlar desde el Ejecutivo y con amigos y conocidos toda la publicidad del Estado.
En conclusión: usted no puede hablar de cambio si lo que demuestra con sus actos es que lo que quiere es quitar una argolla que no le es afecta para poner otra argolla controlada por usted mismo. Eso es gatopardismo, cambiar todo para que todo siga igual.
Proyecto colectivo
No es de alegrarse que volvieran los mismos directivos que tenían grandes cuestionamientos. Pero lo que hizo la Sala IV es hacer cumplir la ley, porque los quitaron de una forma tan chapucera y arbitraria que no le quedaba de otra.
El discurso del presidente en su show semanal será el de siempre: echar la culpa a los demás de su propia incapacidad y malas decisiones. Despotricará contra el Poder Judicial, como en el pasado contra el Legislativo o el TSE y la Contraloría.
Y así seguirá minando a poquitos la credibilidad institucional para beneficio propio y electoral. Pero si los que se autoproclaman defensores a ultranza de la CCSS mantienen la misma estrategia de siempre, sacando a pasear al ya raído fantasma privatizador y volviendo a ver para otro lado soslayando la descarada decadencia institucional de la CCSS, con sus graves problemas de corrupción y falta de controles que tiene a esa institución metastásica, que solo ellos niegan, los populistas de turno irán ganando más adeptos hasta alcanzar la mayoría suficiente para reformar ley y la Constitución para tener poderes absolutos y hacer lo que, como dicen los españoles, les salga de sus cojones.
Sigan por la senda del avestruz y del aquí no pasa nada, y en dos años cuidado se llevan una sorpresa y este autoritario que tenemos por presidente renueva su mandato con una más amplia mayoría.
Es momento de decirle que sí, que hay que cambiar y mejorar la CCSS, pero que debe hacerlo bien y de manera legal, sin atajos ni arbitrariedades. Que hay que buscar la mayor cantidad de apoyo político e institucional.
Porque es una institución que la gran mayoría quiere y respeta, vamos a hacerlo entre todos, evitando protagonismos innecesarios y, más bien, como un proyecto del país, que trascienda gobiernos y partidos.
Porque la CCSS requiere cirugía mayor, pero es un proyecto colectivo que merece ya, despacio y con buena letra. Los que creen que la resolución de la Sala IV de hoy es un gran triunfo es porque son tan cortos de miras como el mismo presidente.
Sí, está bien, yo también celebro los pesos y contrapesos de nuestra institucionalidad; sin embargo, la CCSS sigue igual de mal y sin un plan para mejorarla. Es hora de obligar al presidente a hacerlo entre todos, y bien hecho, no con ocurrencias ni improvisaciones. Es momento de decir que la Caja sí se toca, para mejorarla y ponerla al servicio de los ciudadanos y no de quienes desde hace tiempo creen que es propiedad de unos pocos.
El autor es asesor legislativo.