En tiempos recientes, cuando la amenaza del cambio climático se cierne sobre nosotros de manera acelerada y ya devastadora, muchos países toman acciones creíbles y eficaces en procura de recuperar el equilibrio ecológico.
El desbalance medioambiental pasa una costosa factura que presiona la capacidad de producir alimentos, mantener la biodiversidad, prevenir y reponerse de fenómenos climáticos extremos y, en general, de desarrollar resiliencia, indispensable a causa del desorden climático.
Costa Rica, gracias a su ubicación geográfica y el esfuerzo de gente visionaria de la talla de Álvaro Ugalde y Mario Boza, junto con verdaderos gendarmes de la naturaleza en distintas trincheras públicas y privadas, algunos de los cuales ya no están con nosotros, se mantiene en esta incansable e interminable tarea de forjar un sistema de áreas silvestres protegidas que son ejemplo para el mundo y han inspirado a gobiernos, organizaciones y sociedades a lo largo de 50 años.
Los esfuerzos y las acciones están hoy seriamente amenazados por las nefastas políticas ambientales de distintas administraciones, pero especialmente de la actual, que desde el principio comenzó a atentar contra los históricos logros promoviendo un desinterés colectivo mediante una dialéctica que minimiza el papel de la naturaleza y con hechos que a la postre se acumulan. El resultado es una crisis en la conservación misma y en la credibilidad ante la comunidad internacional.
Atropellos como enterrar de forma inaudita e inaceptable el Acuerdo de Escazú, otorgar nuevas licencias de pesca de arrastre, incluir especies silvestres como objeto de presa en labores de pesca, la retención de fondos internacionales para labores de protección y mitigación de la huella de carbono —a sabiendas de que los recursos son para esos propósitos— y decisiones antojadizas y sin criterio técnico sobre el funcionamiento y gestión de las áreas protegidas son solo unos ejemplos puntuales de las decepciones que el gobierno evidencia y muestran el mínimo interés de hacer de la causa ambiental parte de su agenda.
De todas estas acciones, dos sobresalen y son orquestadas en Zapote, en componenda con los ministros encargados de la administración de los fondos públicos y el ente rector ambiental, que deberían ser abiertamente declarados enemigos del ambiente.
Me refiero al irracional recorte de ¢2.400 millones del presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el proyecto para el fortalecimiento de las competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.
Lo primero es una burda estrategia falsamente justificada en la “débil ejecución presupuestaria” del Sinac, porque a todas luces se sabe que para nada le sirve al Estado una buena ejecución del presupuesto, excepto para hacer recortes a lo que pueda cada vez que se le ocurra.
¿Cómo pretenden la conservación eficiente si cercenan los pocos ingresos y el espacio por proteger aumentó más del 500 %? ¿Cree el ingenuo gobierno que ¢2.000 por kilómetro cuadrado, por ejemplo, en el Área de Conservación Marina Cocos, es suficiente para dotar de personal, equipos y medios de control? La conservación, definitivamente, no le importa al gobierno.
Por su parte, la pretendida ley es un golpe de gracia a la conservación, un adefesio político-jurídico que prácticamente busca desmantelar el Sinac y otras instituciones del Minae al darle poderes irrestrictos al ministro de turno. Es un retroceso de años y deja en actores políticos asuntos eminentemente técnicos y científicos, que por cierto ya probaron que tampoco les importan.
El proyecto de ley es la daga mortal, el epitafio de procesos de conservación que costaron lágrimas, sudor y sangre, y que en este momento un gobierno ecocida, desinteresado, sin argumentos y ensañado con la naturaleza pretende ejecutar.
Otro aspecto inentendible es la pasividad de la Asamblea Legislativa y especialmente de la Comisión de Ambiente, que no reaccionan, dados los evidentes atropellos e incoherencias de la administración. Eso se llama complicidad por omisión. Ojalá los diputados pongan las barbas en remojo y actúen como se comprometieron.
Hago un llamamiento a la sociedad para que de manera contundente se manifieste y en cada espacio levante la mano y denuncie las arbitrariedades, acciones infundadas y embates contra la naturaleza que durante muchos años y con esfuerzos hemos defendido y que hoy, con total desdén, se proponen debilitar.
El autor es especialista en gestión y manejo de áreas protegidas y restauración de ecosistemas, y presidente de la Fundación Costarricense para la Restauración Ecológica.
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