El mito de la caja de Pandora cuenta que Zeus, para vengarse de Prometeo por dar el fuego a los mortales, presentó a su hermano una mujer, Pandora, con quien se casó. Como regalo, Pandora recibió una caja con órdenes de no abrirla. Empero, su curiosidad la llevó a ver qué había dentro y al abrirla escaparon todos los males. La campaña por una asamblea nacional constituyente no dista de esa caja.
El pretexto repetido por años es que la institucionalidad quedó obsoleta por culpa de una Carta Magna que no es acorde con el signo de los tiempos. Esta tesis es falaz y peligrosa. No es necesario convocar una constituyente para arreglar los vicios institucionales.
Los cambios pueden darse con reformas parciales con los procedimientos previstos en el mismo texto que algunos pretenden borrar, sin correr los riesgos que implicaría convocar una constituyente. Al igual que el mito griego, la convocatoria liberaría males imparables, pero evitables ahora, si atajamos la tentación.
Males. El primer mal lo anuncia el texto de la propuesta de convocatoria, donde exige que la Constitución Política se adapte a los nuevos tiempos. La Carta Fundamental de una nación no debe ser resultado de los caprichos del día a día, sino la guía constitucional que perdure en los años. Reformar radicalmente la base legal sin discutir antes sobre qué anda mal y por qué es poner la carreta delante de los bueyes.
El segundo mal fue reconocido por los promotores de esta caja. La convocatoria llevaría a un proceso monopolizado por los partidos políticos. Los proponentes originalmente plantearon una asamblea conformada también por sindicalistas, cooperativistas, empresarios, colegios profesionales y otros. No obstante, el TSE sentenció que la constituyente solo puede conformase por partidos políticos, como hoy se compone el Parlamento.
Ahora la propuesta no plantea ninguna salvaguarda que blinde el asunto de convertirse en un plenario legislativo más, pero con el mandato y poder de reformar toda la Carta Magna.
El proyecto original imponía límites a la constituyente, al establecer que sus miembros se obligarían “a no eliminar ni disminuir los derechos y garantías fundamentales (…) de manera especial los de contenido social o los asociados con la propiedad privada”.
El TSE señaló que la naturaleza soberana de la constituyente le permite modificar y eliminar esos y cualquier otro derecho fundamental. Los proponentes levantaron estos límites con tal de abrir la caja.
Complejo de Frankenstein. El tercer mal es lo que R. Beers llama el complejo de Frankenstein, pues sin importar las buenas intenciones que muevan a los impulsores de la Asamblea, les pasará lo del Dr. Frankenstein: no solo les saldrá algo bien feo, sino que una vez que ese algo tenga vida propia, logrará tanto poder que será imparable.
Contrario a la constituyente, la Asamblea Legislativa, como poder derivado, no puede disminuir las garantías fundamentales y las reformas parciales deben ajustarse a varios límites, lo que asegura una protección frente a los males. Si se quitara todo límite, los constituyentes tendrán carta blanca para hacer y deshacer sin contrapeso alguno.
El cuarto mal es la trampa de la inmediatez. Los impulsores establecieron una serie de plazos relámpago que impiden un debate adecuado para la delicada labor que implica el discutir y aprobar una nueva Constitución, sin que al día de hoy esos promotores articulen ninguna propuesta concreta.
Una constituyente en medio de la polarización y división que vive el país pondría en jaque lo alcanzado por décadas de diálogo pausado que hoy permite que Costa Rica posea niveles de paz social que nos diferencian de otras latitudes. Las garantías sociales, mayor logro de nuestra Carta Magna, fueron producto de un diálogo puntual y reformas parciales, no arrebato de una constituyente. En las actuales circunstancias, la pluralidad y garantías de la Costa Rica no quedan garantizadas con la constituyente de Pandora.
Lo anterior no significa que la Constitución vigente no requiera cambios. La reestructuración del Estado debe acompañarse de reformas políticas y electorales para contiendas políticas en equidad e igualdad de condiciones, que erradiquen las estructuras clientelistas y corporativas de la política, que sienten la base para recuperar la credibilidad y la transparencia del sistema político y que den peso real a la iniciativa popular. Para estas reformas existe el mecanismo de reforma parcial, que sí resguarda los derechos alcanzados.
El autor es asesor legislativo.