EscucharEl gobierno apostó en las sesiones extraordinarias por el proyecto de jornadas 4-3, que no fue aprobado, y la reforma del Estado pasó sin pena ni gloria, lo cual denota un débil manejo de negociación con las fracciones legislativas.
No menos trascendente es el desgaste de figuras clave, como el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien es cuestionado por denunciar un supuesto “megacaso” de evasión, lo que minó su capacidad de negociación en un período en el cual era necesaria para la discusión de los asuntos presupuestarios y fiscales.
Las alianzas políticas no deben satanizarse. En un régimen democrático son necesarias. Lo que debe analizarse son las razones de dichos acuerdos, que es harina de otro costal.
Es indispensable la negociación, tomando en cuenta que comienzan las sesiones ordinarias el 1.° agosto, y la Asamblea Legislativa definirá la agenda en un Congreso donde el gobierno cuenta con diez diputados.
Para llegar a los acuerdos que el país necesita, máxime que estamos en un año clave para el Ejecutivo, antes de que empiece el proceso electoral municipal, se necesita tender puentes, no quemarlos.
Es fundamental no enfrascarse en luchas innecesarias, que desgastan los acuerdos urgentes para la adecuada gobernanza del país; no perder la legitimidad y confianza de las luchas, pues el soberano (el pueblo) debe tener confianza en las decisiones que tome el gobernante. Para este último, debe ser un capital vital no perder la credibilidad y confianza en sus decisiones.
La transparencia en las negociaciones con las fracciones conlleva explicar a la ciudadanía cuáles son los acuerdos, y las razones por las que se tomaron. No son legítimos los intereses personales o espurios para alcanzarlos.
El gobernante debe apegarse al régimen de derecho, porque el respeto a la institucionalidad y la seguridad jurídica debe ser un norte imperdible. No significa que si se considera que un asunto debe replantearse, porque ya cumplió su función, no se haga; sin embargo, debe realizarse respetando los canales democráticos establecidos.
En los últimos años, Latinoamérica tiende al caudillismo y al populismo, y ha cedido en vista de la falta de respuesta del Estado a las necesidades ciudadanas. El autoritarismo se ve como respuesta y, en consecuencia, desmejora la confianza en la democracia.
La responsabilidad es máxima, sobre todo, para quienes ejercen el poder desde la trinchera que les toca, sea el legislativo, ejecutivo, judicial o electoral. Ya sea gobernar para el bienestar de los ciudadanos, velar por los intereses de la nación o por una justicia pronta y cumplida, o para garantizar elecciones democráticas y transparentes. Todos estamos en un barco que debe llegar a buen puerto.
Esto conlleva el deber de mantener un Estado democrático y libre, donde sea respetado el derecho a expresar las opiniones disidentes.
Solo en un país donde es posible el consenso se progresa en los asuntos transversales y de vital impacto en una sociedad, como lo son salud, educación, empleo, reactivación económica, seguridad ciudadana, ambiente y derechos humanos, entre otros.
“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”, decía Nelson Mandela. Esperemos que la gobernabilidad encuentre un sano camino, por el bien de todos.
La autora es abogada.
