EscucharAl celebrarse un año de la entrada en vigencia de Ley N.º 9095 Contra la Trata de Personas, resulta oportuno hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los avances que para el país representa esta iniciativa.
Cuando hablamos de la trata de personas nos referimos al comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Se reconoce a la trata como la esclavitud del siglo XXI.
Según datos de las Naciones Unidas, el negocio ilegal de la trata de personas moviliza más de 30.000 millones de dólares al año alrededor del mundo, con más de 12 millones subyugadas en dichas condiciones, de las cuales, en su mayoría son niños y mujeres en condiciones de vulnerabilidad social.
La trata es real, y Costa Rica requería urgentemente una ley que atendiese esta situación, que facilitara tanto la atención de las víctimas como la represión del delito.
Ley ad hoc. Con la promulgación de la Ley N.º 9095, Costa Rica estableció la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), como órgano interinstitucional responsable de promover la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para la prevención de la trata, la atención y protección de las víctimas y la persecución y sanción de los responsables del delito.
La Ley estableció la creación del Fondo Nacional contra la Trata de Personas, con el propósito de brindar recursos económicos a la prevención del delito, la atención integral de las víctimas y su debida protección, tanto como la mejora en la capacidad de represión y persecución del delito. Este fondo constituye una experiencia única en la región y ha sido reconocido en la comunidad internacional como una buena práctica.
Por otra parte, esta ley desarrolló una serie de reformas penales, mediante las cuales se tipificaron delitos y establecieron penas más claras para acciones delictivas concretas, referidas a la trata de personas, tales como la coacción, el tráfico de órganos, y tejido y fluidos humanos.
Están definidas, además, responsabilidades para los propietarios, arrendadores y administradores de locales o propiedades en los cuales se dé lugar la trata. Se establecen, penas para la trata con fines de explotación laboral, así como para las acciones que promuevan a Costa Rica como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución, ya sea a nivel nacional o internacional.
Afortunadamente, los cambios señalados en la legislación dan y darán buenos resultados. Como prueba de ello tenemos que el 2013 cerró con cinco sentencias en firme por el delito de trata de personas, así como una sentencia por tráfico de migrantes. Costa Rica ha reforzado su compromiso en materia de protección de los derechos humanos fundamentales, y con estas medidas y leyes ha establecido pautas históricas para la represión de flagelo que significa la trata de personas para la humanidad.
