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El decreto que causa gran descontento entre los ganaderos merece ser visto en su entera dimensión.
La idea de trazar todos los animales (1.510.563, según datos del INEC) no deja de ser una buena intención, pero en las actuales condiciones de la ganadería, las capacidades institucionales y el mercado, no parece que beneficie al productor.
La trazabilidad no es nueva ni en el país ni en el mundo. Las exigencias de los consumidores por conocer el origen de los alimentos, la forma en que se produjeron y, en el caso de los animales, qué consumieron, dónde, qué medicamentos se les inyectaron y en qué condiciones de bienestar fueron criados, es información ya exigida, especialmente por los europeos a los proveedores.
La trazabilidad ayuda al ganadero y al Estado a controlar enfermedades y plagas. Por ello, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) promueve que los países utilicen sistemas de trazabilidad.
El decreto lo cita en las justificaciones y explica los alcances de la trazabilidad, pero ¿cómo mejorará la gestión del Estado para hacer más competitivos a los ganaderos si las políticas públicas apuntan al desmantelamiento de la producción nacional, por ejemplo, arroz, papa, cebolla, aguacate, etcétera?
El Ministerio de Agricultura dispone de no más de 330 extensionistas para atender 165.000 fincas registradas. El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) no puede hacer extensión y los veterinarios no van a las fincas a atender partos y demás demandas del productor.
¿Cómo se logrará aumentar la competitividad del ganadero si el país no tiene créditos baratos, seguros agropecuarios ni transferencia de tecnología para el pequeño y mediano productor, por no ser rentables, lo que a su vez obstaculiza la transformación de los sistemas productivos hacia modelos más eficientes y competitivos?
El productor promedio tiene 55 años o más de edad, por lo cual se le dificulta el manejo de herramientas tecnológicas, y, más aún, la conectividad no llega a todo el país para usar las plataformas que operarán el sistema de trazabilidad.
¿Cómo se puede ser más competitivo si el mercado de la carne y su comercialización están en pocas manos debido a que el ganado debe llegar al matadero, y solo algunos mataderos poseen la certificación oficial del Senasa?
Estos serán los que exporten la carne y obtendrán los beneficios de la trazabilidad en términos económicos, ganancias que no serán trasladadas al productor porque, en el momento en que el precio nacional suba, será poco competitivo internacionalmente. ¿Los mismos mataderos importarán carne para abaratar el precio del ganado nacional y así ser competitivos en el mercado internacional?
Los pequeños y medianos productores carecen de medios para vender en el exterior por múltiples razones, pero algunas son tan básicas como el tamaño del hato, la uniformidad de las canales y los costos de producción, por falta de economías de escala que les faciliten ser competitivos.
Uno podría pensar que la trazabilidad va a mejorar el control del movimiento de los animales, el contrabando y el robo. Sin embargo, la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública para controlar el trasiego de animales es prácticamente nula.
El Ministerio no controla ni la delincuencia común, ni el narcotráfico, ni los crímenes. ¿Cómo se pretende que la trazabilidad, sin acción policial, controle la movilización, hurto y robo de ganado?
En el decreto no se dice cómo se financiarán las herramientas de seguimiento, control y producción para el sector ganadero, institucional e industrial. ¿Un canon o un impuesto?
En el decreto, el artículo 9 y el inciso c del 12, plantea que el Senasa mande a sacrificar animales por principio precautorio. Es decir, que por la sola sospecha de que un animal perdiera el arete y el finquero no lo reportara en el plazo establecido para que el Senasa lo reponga, sería suficiente para ordenar el sacrificio.
Otro artículo, el 10, se refiere a quien está autorizado para los reemplazos de los dispositivos o aretes, ya que es claro que solo personal del Senasa puede hacerlo. ¿Tiene capacidad operativa para atender las solicitudes de los 841.000 ganaderos y de los más de 1,5 millones de cabezas de ganado, cuando la pérdida de aretes es frecuente al desparasitar, bañar o someter a los animales a diferentes faenas de trabajo?
El artículo 13 faculta al Senasa para la aplicación de disposiciones sanitarias sin aclarar qué significa tal cosa.
El decreto, por tanto, pretende implantar la “revienta cincha”, porque no pareciera estar listo para la realidad del país. No parece que todos los ganaderos puedan cumplir en 18 meses.
Los beneficios que se prometen a los ganaderos no se desprenden del decreto. Sería bueno que el Ejecutivo escuche a los ganaderos, enmiende las deficiencias institucionales y ponga ojo en los monopolios y oligopolios en el mercado de la carne antes de hablar de que los beneficios del decreto serán para los productores.
renatoalvarado@yahoo.com
Renato Alvarado Rivera fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.
