EscucharEl Premio Nobel de Economía fue otorgado a los economistas James Robinson, Simon Johnson y Daron Acemoglu, quienes resaltan que las instituciones son fundamentales en el desarrollo de los pueblos y en la creación de desigualdades nacionales. Por eso, por mi experiencia como ciudadano y consejero del usuario de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quiero resaltar la importancia de la Sala Constitucional en la promoción del ejercicio ciudadano y en el fortalecimiento del Estado de derecho.
La reforma del artículo 9 de la Constitución Política en el 2003 marcó un hito al definir el país como un Estado participativo. Esta modificación impuso un reto a las instituciones y estableció un nuevo estándar para la transparencia y la inclusión en la toma de decisiones.
Las políticas públicas deben ser diseñadas, por tanto, para beneficiar a la sociedad en su conjunto, incorporando las necesidades de todos. Este enfoque ha promovido un ambiente donde la participación ciudadana se convierte en un pilar para el desarrollo de políticas eficaces.
El impacto de la reforma es evidente en el funcionamiento de la Aresep. Aunque la Ley 7593, de 1996, ya contemplaba la audiencia pública como un medio para la efectividad regulatoria, fueron las sentencias de la Sala Constitucional las que perfeccionaron el proceso al elevar el nivel de sofisticación en la regulación. Por ejemplo, la sentencia 2005-14660 estableció el deber de realizar audiencias públicas antes de la fijación extraordinaria de tarifas de autobuses y anuló trámites arbitrarios que vulneraban el derecho constitucional de participación.
Otro aspecto es la regionalización de las audiencias públicas. La sentencia 2006-015635 reconoció las particularidades de cada región del país, lo cual se tradujo en la obligación de celebrar audiencias en cada región durante ajustes tarifarios y en la participación más organizada de la población.
En el 2008, la Sala incluso ordenó la realización de audiencias en territorios indígenas para asegurar que las voces de todas las comunidades fueran escuchadas.
Más recientemente, la resolución 2016-004497 obligó a la Aresep a garantizar la inclusión de intérpretes de la lengua cabécar en las audiencias públicas con el fin de que las comunidades indígenas participen efectivamente en los procesos que las afectan. A partir del 2017, todas las audiencias que involucran estos territorios cuentan con traducción, un paso significativo hacia la inclusión.
Sin embargo, persisten desafíos. Es crucial que la Sala revise las respuestas de los prestadores de los servicios públicos, como el agua, ya que un recurso de amparo por denegación de este derecho fundamental justifica retrasos en proyectos, afectando especialmente a las comunidades vulnerables. Además, es imperativa la participación ciudadana en la definición de los esquemas operativos del Consejo de Transporte Público del MOPT. De esta forma, se asegurará que las decisiones reflejen auténticamente las necesidades y expectativas de la gente.
Un aspecto preocupante es que algunos recursos de amparo presentados por ciudadanos para cuestionar la falta de participación han sido rechazados y derivados a la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto puede ser un obstáculo significativo para quienes carecen de recursos económicos para pagar la representación legal, lo que perpetúa la inequidad en la justicia.
A pesar de estos retos, las decisiones de la Sala Constitucional han transformado la manera en que operan las instituciones, especialmente la Aresep. Al resguardar los derechos fundamentales de petición, participación e información, la Sala actúa como guardiana de los derechos ciudadanos, con un enfoque especial en las poblaciones más vulnerables.
Bajo la premisa expuesta por los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía —de que hay instituciones inclusivas y extractivas, y que definen la prosperidad de los pueblos—, la Sala Constitucional evidentemente lo ha sido, gracias a que se ha consolidado como una instancia fundamental que contribuye al desarrollo integral de Costa Rica.
Su labor garantiza la protección de los derechos ciudadanos y también fomenta un entorno en el que la participación y la justicia social son pilares para el progreso nacional. Y no solo ha sido un baluarte en la defensa de los derechos ciudadanos, sino también para el fortalecimiento de la democracia. A medida que avanzamos, es crucial continuar promoviendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones para favorecer un Estado verdaderamente representativo y cuyas decisiones sean justas para la totalidad.
Jorge Sanarrucia Aragón es abogado y economista.
