EscucharNo tener información útil en el Estado para diseñar políticas o tomar decisiones es navegar sin brújula, debilidad mayúscula que limita la capacidad de alcanzar mejores resultados y afecta el buen uso de los recursos públicos.
De igual manera, contar con información suficiente tampoco asegura el correcto y oportuno abordaje de las demandas ciudadanas. Esto último lo confirma la respuesta que repetidamente se da a la criminalidad en Latinoamérica, convertida en una de las principales preocupaciones de la población en diversos países, que exigen soluciones inmediatas a los gobiernos.
A diferencia de décadas atrás, contamos con mayores análisis sobre el delito, sus manifestaciones, causas y amenazas, lo que debería permitir estar mejor preparados para enfrentarlo y brindar soluciones duraderas. Conocemos que la inseguridad ciudadana constituye un desafío para la democracia, en tanto lesiona sus niveles de confianza. Hay evidencia de que a cambio de seguridad la población está más dispuesta a ceder sus derechos y libertades.
También, la presencia del crimen organizado y el narcotráfico imprimen una nueva dimensión al delito, lo que debería obligar a las autoridades a una actuación distinta, y diferenciar la respuesta a este fenómeno criminal del brindado a otras formas delictivas, a fin de evitar un tratamiento uniforme a todas las manifestaciones de desviación social.
Es notorio que frente a las limitaciones fiscales en los Estados, personas y empresas deben destinar recursos para proveerse de protección, como lo constata la inversión en sistemas de seguridad o el pago por servicios privados.
Los sistemas penitenciarios son rebasados en sus capacidades, dada la cantidad de personas encarceladas, sea de forma preventiva o como pena, situación agudizada por la tendencia a crear nuevos delitos con pena privativa de libertad o aumentar las penas a los existentes.
Tienen razón quienes abogan por mecanismos alternativos de sanción, que contribuyan en mayor medida a la resocialización una vez cumplida la condena por quienes representen un menor costo para el erario.
Por su parte, el incremento en la inseguridad ciudadana provoca una tensión permanente entre la adopción de medidas inmediatas, que aplaquen la alarma social, frente a aquellas otras a mediano y largo plazo, que enfrenten las causas fundamentales de diversos delitos, donde la generación de oportunidades para los sectores menos favorecidos, la inversión social, la creación de fuentes de empleo, la reducción de la pobreza y la educación son clave para su prevención.
Sabemos que la respuesta del sistema de justicia es crucial para atender con prontitud y eficacia a quienes sufren las consecuencias de la actividad delictiva, pues, tal como reseña el Informe estado de la justicia 2022, la credibilidad en el poder judicial es identificada como una de las más esenciales para la estabilidad de los sistemas políticos.
Existe una diferencia entre la inseguridad misma y la percepción que de ella se tiene, distancia que puede agravarse dependiendo del tratamiento y publicidad dados a los hechos delictivos. El miedo al delito es capaz de generar mayor presión en los tomadores de decisión que la propia delincuencia.
Con todo, y habida cuenta de la cantidad de información disponible sobre el fenómeno criminal, especialmente de aquel más cercano a la cotidianidad de la gente, debemos reconocer que cuanto menos eficaces sean los Estados en atacar los factores que nutren la criminalidad, más cerca estarán de caer presa de las soluciones de mano dura o tolerancia cero.
A pesar de las numerosas críticas que originan tales alternativas entre los estudiosos, por sus efectos negativos, sabemos que la intensificación del castigo sigue siendo una medida seductora y popular a la que constantemente se enfrentan las democracias cuando los problemas de seguridad empeoran.
No es casual que sea motivo de amplios titulares la política criminal instituida en El Salvador, la cual cuenta con altos niveles de apoyo popular y es un modelo que puede ser exportado, como hace pocos días se afirmaba en la campaña electoral ecuatoriana, país que registra un elevado índice de homicidios y donde “muchos ecuatorianos quieren mano dura al estilo de Bukele”.
Reconociendo las múltiples aristas del problema criminal, deberíamos tener mayor precisión sobre cómo enfrentarlo. Sin embargo, seguimos en presencia de gobiernos que se rinden ante la tentación del elemento punitivo, con los riesgos que conlleva y las probadas enseñanzas que su aplicación sin límite dejó en el pasado, entre otras, no evitar el delito, inclinación sobre la cual no es posible culpar a la población que sufre las consecuencias directas o indirectas de la actividad criminal y espera una respuesta eficaz.
Por el contrario, es deber de las autoridades actuar con responsabilidad y prontitud y defender que la lucha contra la inseguridad no drene las fortalezas del Estado de derecho y que requiere acciones más allá del castigo.
El autor es politólogo.
