EscucharBrasil ha sorprendido a toda América Latina por el megaescándalo de corrupción que está hundiendo al país en una crisis política y económica. No sorprende que coimas multimillonarias desviadas de la empresa estatal Petrobras hayan beneficiado a cierta élite gobernante y empresarial.
La sorpresa es cómo se destapó la trama y, todavía más, el hecho de que se está deteniendo y condenando a personas que se encuentran entre las más poderosas del país.
Solo hace una semana se detuvo temporalmente al expresidente Lula da Silva, a quien la fiscalía de São Paulo ahora pide arrestar, y se condenó a 19 años de cárcel a Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora que lleva su nombre.
La justicia brasileña parece estar funcionando en este caso. Algo ha cambiado en las políticas y las instituciones del país en el último cuarto de siglo, que ha hecho de Brasil un país diferente a buena parte de la región en cuanto a la independencia de la justicia y los resultados que logra.
Modelo de justicia. Geanluca Lorenzon, experto en derecho en el Instituto Mises de Brasil, destaca varios cambios que han permitido esta lucha contra la corrupción. Uno de ellos es el uso de la delación premiada, poco común en países de derecho civil.
Esa figura permite que el acusado pueda reducir su sentencia a cambio de delatar a otra persona involucrada en el crimen. En el caso brasileño, el acusado tiene que proveer cierta evidencia de lo que delata.
Esta ley se introdujo al Código Civil en el 2008. Sin ella, es difícil pensar que se hubiera podido descubrir la trama de corrupción y su alcance, ni mucho menos armar un caso legal efectivo.
Otro cambio clave data de la Constitución de 1988. Desde entonces, los fiscales y los jueces pasan por exámenes y concursos públicos, transparentes y competitivos.
Esto hace que la justicia se haya vuelto cada vez más independiente del poder en la medida que han pasado los años.
Para ser juez no hace falta una conexión política. Hay una generación de jueces y fiscales jóvenes en Brasil que son independientes y se sienten orgullosos de serlo.
A sus 43 años, el juez Sergio Moro, a cargo del caso de Petrobras, se ha vuelto un héroe popular. A los jueces y fiscales se les paga bien –pueden ganar $10.000 al mes– lo que debe reducir las probabilidades de corrupción.
Son profesiones de prestigio. Y el hecho de que los miembros de la Policía Federal también son seleccionados de la misma manera imparcial y basada en mérito le ha dado a ese cuerpo cierta autonomía y creciente prestigio.
Brasil también ha fortalecido sus instituciones al crear en el 2004 el Consejo Nacional de Justicia y el Consejo Nacional del Ministerio Público. Estas instituciones, dice Lorenzon, han incrementado la rendición de cuentas de sus miembros al poder investigar y condenar jueces, por ejemplo.
Caso mensãlao. El caso de corrupción de hace unos años conocido como mensãlao (mensualidad) igualmente contribuyó a fortalecer la credibilidad de las instituciones.
Ese caso, también producto de los cambios de políticas en los últimos 25 años, terminó encarcelando a políticos poderosos por haber sobornado a legisladores.
La Corte Suprema mostró su independencia, ya que varios de los acusados eran altos funcionarios del partido del gobierno.
Algo interesante está pasando en Brasil que merece más atención y puede proveer lecciones para el resto de la región. Se está profesionalizando la justicia a la medida que se vuelve más independiente y más cercana a los problemas que conciernen a la población.
Ian Vásquez es director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
