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A finales de octubre, la Academia Internacional contra la Corrupción (IACA) celebró su reunión anual en Viena. Representantes de 81 Estados miembros evaluaron los avances en la misión de la organización de combatir la corrupción mediante educación, programas de capacitación e investigación.
La corrupción afecta de forma desproporcionada a las comunidades más pobres y marginadas, y esto la convierte en una tragedia económica y social, además de una cuestión política. Según el Foro Económico Mundial, la corrupción le cuesta a la economía mundial unos 2,6 billones de dólares al año, o alrededor del 5 % del PIB global, lo que deja menos recursos para servicios esenciales en muchos países en desarrollo.
Las herramientas digitales pueden y deben desempeñar un papel importante en el esfuerzo por erradicar la corrupción. Los gobiernos deben utilizarlas para aumentar la transparencia, promover la rendición de cuentas y empoderar a los ciudadanos.
Pero como concluyó la asamblea de la IACA, la tecnología por sí sola no puede garantizar el éxito. Los responsables de las políticas también deben comprometerse con las medidas anticorrupción, ofrecer liderazgo y visión, y defender el Estado de derecho.
Para empezar, la tecnología contribuye a la lucha contra la corrupción permitiendo la digitalización de los servicios públicos. Con demasiada frecuencia, los engorrosos procesos burocráticos se convierten en caldo de cultivo para los chanchullos y el soborno.
Las plataformas digitales que agilizan y automatizan estos servicios minimizarían las interacciones cara a cara y reducirían así las oportunidades de cometer irregularidades. Por ejemplo, Estonia, pionera en la administración electrónica, ha digitalizado casi todos sus servicios públicos, desde el pago de impuestos hasta el registro de empresas, lo que aporta mayor transparencia y dificulta que los funcionarios corruptos exijan sobornos.
Los gobiernos también deberían utilizar la tecnología de cadena de bloques y la inteligencia artificial para identificar y prevenir la corrupción. Los sistemas de contratación pública basados en cadena de bloques crearían un registro transparente e inmutable de los procesos de licitación.
Por otra parte, los gobiernos han comenzado a utilizar la IA y el análisis de datos para rastrear los flujos financieros ilícitos que a menudo cuestan miles de millones de dólares en ingresos fiscales y aduaneros perdidos.
La IA también detecta patrones y anomalías que indican la existencia de corrupción, como transacciones financieras sospechosas o inconsistencias en los datos de contratación. Estas herramientas permiten una intervención temprana, que impedirá que la corrupción crezca de manera descontrolada.
Algunos de los mayores escándalos de corrupción del mundo han sido revelados por denunciantes. Para facilitar la denuncia de irregularidades, los responsables de las políticas deberían introducir sistemas encriptados que faciliten a los individuos particulares denunciar hechos de corrupción y soborno de forma anónima.
Estas plataformas, sumadas a las redes sociales, ayudan a los ciudadanos a denunciar rápidamente y sin temor a represalias, a la vez que presionan a los gobiernos y a las empresas para que tomen medidas.
Sin embargo, a pesar de los avances en las herramientas digitales para descubrir la corrupción, la tecnología no es capaz de impedir que los malos actores encuentren vías alternativas.
Por otra parte, la brecha digital entre países ricos y pobres implica que los ciudadanos y los funcionarios del mundo en desarrollo a menudo carecen de acceso a las herramientas anticorrupción, a pesar de ser los más necesitados.
Este problema es especialmente pronunciado en las zonas rurales, donde la corrupción tiende a estar más extendida y donde la gente quizá no tenga los conocimientos digitales o los recursos necesarios para utilizar los servicios de un gobierno electrónico o las plataformas de denuncia en línea.
Para que las herramientas digitales sean eficaces a la hora de combatir la corrupción, los gobernantes deben estar capacitados para detectar las irregularidades y conocer las mejores prácticas.
Para ello, la IACA ha centrado sus esfuerzos en programas de educación y capacitación. La ética y el razonamiento moral deben integrarse en los programas escolares desde una edad temprana. Y los empleados públicos, los líderes empresariales y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben recibir formación periódica sobre las medidas anticorrupción más eficaces y eficientes.
Del mismo modo, los gobiernos deben defender el Estado de derecho aplicando enérgicamente la legislación anticorrupción y cerrando las lagunas legales.
Para condenar a los corruptos se necesitan marcos jurídicos sólidos, un poder judicial independiente y organismos encargados de hacer cumplir la ley con capacidad de actuación. Sin ellos, ni siquiera la mejor tecnología podrá tener un impacto real.
La erradicación de la corrupción es una de las luchas más importantes de nuestro tiempo, y ahora disponemos de un nuevo conjunto de herramientas digitales potentes.
Pero aunque la tecnología ayuda a detectar y prevenir las irregularidades, las leyes anticorrupción y las autoridades encargadas de hacerlas cumplir deben tener la potestad necesaria para terminar el trabajo.
Azalina Othman Said, ministra en el Departamento del Primer Ministro de Malasia (Reforma Legal e Institucional), es presidenta de la Asamblea de Partidos de la Academia Internacional contra la Corrupción en el 2024.
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