EscucharLas listas de espera judiciales también son enormes y he visto gente enfermar y morir esperando “justicia pronta y cumplida”, lo mismo que los pacientes de la CCSS aguardan atención médica.
Después de tres años de vaivenes judiciales y esperando recibir la buena o mala noticia contenida en una sentencia, se recibe una resolución que sin empacho alguno dice que el expediente “se resolverá aproximadamente en dos años”, que puede “aumentar o disminuir ese plazo” dependiendo de diversas circunstancias, tales como “que se asignen nuevos asuntos donde intervengan adultos mayores, pueblos originarios y otras poblaciones especialmente protegidas por la ley y las políticas de órganos superiores del Poder Judicial”.
Dos años (por lo menos) con el expediente archivado, sin movimiento, y solo queda prepararse para una eventual apelación, que ronda dos años adicionales para ser resuelto en segunda instancia, es decir, que una vez listos los autos para sentencia, la “justicia pronta y cumplida” deberá esperar unos cuatro años o más.
Pero los dos años para la sentencia de primera instancia se establecen como consecuencia de que los magistrados de la materia constituyen también una comisión especial, y es en esta donde determinan que los jueces de fondo solo podrán resolver un asunto al mes de “puro derecho” y tres provenientes de juicio oral. Entiendo, entonces, la causa principal de la mora judicial.
Los magistrados son abogados, y en su gran mayoría son jueces con excelentes e impecables antecedentes, con carreras brillantes y méritos para llegar hasta la magistratura, pero con todo respeto y el cariño que tengo a muchos, no saben de administración o saben muy poco. Sus conocimientos en producción, efectividad y eficiencia, prioridad de la ejecución, entre otros, son escasos.
Por ello es materia reservada a los administradores, ingenieros industriales o carreras afines, quienes conocen lo propio y deberían ser los encargados de realizar este tipo de organizaciones y preparar y aprobar presupuestos, priorizando calidad y cantidad de servidores judiciales necesarios.
Mientras tanto, los altos jueces deberían dedicarse de lleno a dictar sentencias, valorar cambios doctrinarios y jurisprudenciales, actualizándolos para lo cual no es necesario reformar las leyes, que también topan con filas interminables y, peor aún, políticas.
Cuando la ley de resolución alterna de conflictos fue aprobada se pensó que recurrir a la mediación y el arbitraje era una alternativa viable, rápida y confiable, pero por falta de promoción no opera para todas las materias y, en su mayoría, por ser solo accesible para quienes pueden pagar su costo disminuyó su uso y crecimiento.
¿Qué tal sería instalar un sistema de tamizaje de casos que puedan ser remitidos a arbitraje por los mismos jueces de instancia, como válvula de escape a la mora judicial en centros que, además de especializados y acreditados, brinden el servicio a precios razonables?
En los próximos días estaremos de lleno en elecciones para elegir la nueva directiva del Colegio de Abogados, y hasta el momento echo de menos en los programas propuestas distintas de las de cada campaña (casi siempre iguales y sobre asuntos que se repiten a lo largo de los años).
Esta debería ser una oportunidad para distinguirse y colaborar en busca de soluciones concretas y en conjunto con las autoridades judiciales, para que disminuyan las “filas judiciales” que afectan a la población y en la que estamos por culpa o complicidad de los abogados.
El autor es abogado.
