EscucharCosta Rica, en lo que respecta a la producción de electricidad, está anclada en el siglo pasado y enfrascada en un debate ideológico. De lado quedan la competitividad y las necesidades de los usuarios.
Como se indicó en un reciente editorial de «La Nación», el desafío ya no es la generación limpia, pues se alcanzó gracias al aporte de todos los participantes en el mercado, sino la generación competitiva.
La solidaridad del modelo eléctrico para con los usuarios parte de cobrarles la tarifa competitiva posible, y eso se logra cambiando la normativa.
Varias plantas de los generadores privados están desconectadas porque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió no renovarles los contratos. La próxima desconexión ocurrirá el 19 de noviembre, y la sufrirá la planta hidroeléctrica El Ángel, ubicada en Cinchona de Alajuela. Según el nuevo «plan de generación» del ICE, igual suerte correrán las demás de aquí al 2035, aunque los precios son muy competitivos, como lo confirma un informe de este año de la Aresep y son activos que ya producen, dan empleo en zonas rurales y pagan impuestos.
El plan del ICE para el período 2020-2035 contempla el retiro de todas las plantas de generación privadas y la permanencia de la planta geotérmica Borinquen 1, un proyecto caro, inflexible en términos operativos e innecesario.
El planeamiento del ICE se caracteriza por su imprecisión y falta de optimización a escala nacional; es el principal responsable de los 3.700 megavatios de equipamiento del sistema eléctrico y se calcula una demanda que no se cumple.
Si bien la pandemia causó una caída en la demanda, se trata de un efecto transitorio. El mes pasado Costa Rica recuperó la demanda prepandemia (2019). Sin embargo, el plan de expansión del ICE estima el crecimiento en un 1 % anual durante 15 años, como si el país no tuviera futuro económico.
Esta simulación se queda corta, pues para este año se estima un crecimiento del 3 %, pero el dato presentado en el reciente proceso de emisión de bonos del ICE, por $350 millones, dice que será un 5 %, es decir, un 60 % más que el conservador porcentaje inicial.
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No es posible que el operador del sistema sea parte del actor dominante (el ICE). Representa un claro conflicto de intereses y evidencia un deficiente diseño del mercado eléctrico. No significa una crítica a la gente que labora en esa unidad administrativa, pues el diseño no es su responsabilidad. Por el contrario, con la autonomía, tendrán la autoridad que les corresponde en un mercado eléctrico.
El ICE seguirá desempeñando un papel significativo, pero debe estar libre de conflictos de intereses. Además, la única forma de conseguir una eficaz y ágil descarbonización en el plazo requerido en pro del planeta es mediante la existencia de una fuerte participación privada en competencia. Para eso, es fundamental la seguridad jurídica. La idea es construir y no obstruir.
A muy corto plazo ninguna planta renovable debería estar desconectada. Hay que promover la exportación hacia Centroamérica y la venta por parte de las distribuidoras. Es fundamental la aprobación, con la brevedad posible, de los expedientes 22561 y 22701.
El primero es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para permitir a los generadores privados la venta en el mercado centroamericano. El segundo brinda seguridad jurídica a la venta de energía limpia y barata por las plantas privadas a las distribuidoras eléctricas.
Otra opción, para esta energía limpia y barata, es sacarle provecho dentro de Costa Rica, mediante el autoconsumo distante con el pago de peajes.
A corto y mediano plazo debe ser ajustado el marco normativo para la transformación del sector y la competitividad de costos, con autonomía del Centro Nacional de Control de Energía (Cence) y planificación eléctrica en el Poder Ejecutivo, no por el actor dominante.
Es fundamental una rectoría fuerte que señale el rumbo y se encargue de la planificación nacional. Hay que transformar el proceso actual, a fin que sea más balanceado, participativo y de carácter nacional.
De acuerdo con este plan, la expansión deberá estar basada en subastas abiertas, administradas por el Cence como entidad autónoma y supervisada por la Aresep.
En lugar de un agente único que realiza transacciones en el mercado eléctrico regional (MER), los generadores y consumidores calificados deben ser reconocidos como agentes del MER, como operan en el resto de los países.
Retrasar el debate sería causar un daño a la competitividad nacional, a la generación de empleo y, especialmente, al bolsillo de los consumidores.
El autor es director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).
