En la democracia, la dignidad es el fundamento de los derechos humanos. La dignidad es la capacidad de cada persona para gestionar autónomamente su propio destino y de ser reconocida por los demás individuos y grupos sociales.
En términos kantianos, significa que las personas son fines y no medios al servicio de otros fines. Por tanto, no tienen precio. Según Habermas, existe un vínculo entre la dignidad y los derechos humanos, porque estos son resultado del imperativo de la disidencia y la resistencia, en cualquier época histórica, contra el despotismo, la opresión y la humillación.
La observancia de las distintas generaciones de los derechos humanos se convirtió paulatinamente en la forma en que los gobiernos dan cumplimiento al contrato social en los términos adoptados por las democracias liberales.
La razón de ser de los gobiernos democráticos es garantizar a la población el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y, sobre todo, tutelarlos mediante los instrumentos de protección creados.
La elección de las autoridades del gobierno y la conformación de los equipos en los poderes del Estado son los mecanismos para que la democracia responda a las necesidades de la gente y trabaje por el progreso integral de la población.
Sus posiciones nunca deben ser un fin personal para quienes las ocupan. Los funcionarios son contratados por el pueblo soberano mediante las elecciones o distintos procedimientos de nombramiento para servir al país y a la ciudadanía a través del cumplimiento de los derechos humanos, su papel y mandato es entonces totalmente instrumental, como meros servidores para el logro del bien común.
Sin embargo, a pesar de los avances en las décadas precedentes con la adopción de normativa internacional y nacional, la evidencia muestra que los distintos derechos se encuentran seriamente comprometidos no solo en regímenes con rasgos autoritarios, sino que son vulnerados hasta en democracias como la costarricense.
Vemos cómo miembros de gobiernos y poderes del Estado recurren a discursos y prácticas políticas populistas, descalificadoras o falsas y a medias verdades que distorsionan la realidad y promueven la ilegalidad y el irrespeto por el Estado de derecho, en perjuicio de la dignidad humana.
El ejercicio pleno de los derechos humanos en la democracia es lo que da lugar a la ciudadanía, lo que acarrea derechos y deberes frente al Estado y la sociedad. Por tanto, dignidad humana, derechos humanos y ciudadanía son los pilares para el funcionamiento de una democracia.
Los retrocesos en la democracia, al punto que Sousa Santos las llama “democracias de baja intensidad”, tienen que ver con un régimen social en el que unos pocos tienen derecho a veto sobre la vida del resto.
Una sociedad así es intrínseca y estructuralmente violenta, con una población polarizada y altos y casi insoportables niveles de desigualdad. El Roto, caricaturista español, lo describió así en un dibujo en el que un padre y su hijo descansan en un vallado mirando hacia delante, y el padre dice al hijo: ¿Recuerdas cuando había horizonte? Y el hijo responde: ¿Cómo era papá?
El fin del contrato social implica ceder la atención de los asuntos públicos delegados en la gestión del gobierno y sus instituciones, lo que deja el camino expedito al recorte de los derechos y libertades fundamentales.
Muchas de las personas que están llegando a posiciones de poder no reúnen el conjunto de competencias, experiencia, conocimiento, madurez, sensatez y hasta la elegancia necesaria para comprender cuál es el sentido instrumental de su cargo. Estamos ayunos de hombres y mujeres de Estado y de lo que esta condición significa.
Es indispensable cambiar la forma como se ejerce la ciudadanía para rescatar nuestra democracia de las amenazas que la acechan. Ello implica más responsabilidad, vigilancia y participación activa como miembros de la colectividad para detener abusos, desviaciones y manipulaciones de los mecanismos del poder y de la misma democracia.
Como afirmó Michel Foucault: “Frente a los gobiernos, los derechos humanos”. Esta es la responsabilidad inclaudicable del pueblo soberano: hacer que el poder rinda cuentas y exigir el cumplimiento de la dignidad y los derechos humanos y la ciudadanía plena.
La autora es politóloga e internacionalista.