El anhelo de que los jóvenes vivan en una sociedad que les ofrezca oportunidades para desarrollar todo su potencial, los proteja y brinde opciones para realizarse como seres humanos plenos es desde hace muchos años una pelea dada desde muchas trincheras.
No existe ninguna duda acerca de las consecuencias cuando los problemas propios de la adolescencia son desatendidos o mal atendidos, tales como las enfermedades crónicas, el síndrome metabólico y la obesidad, el uso de drogas, el consumo de bebidas alcohólicas, las secuelas de accidentes de tránsito, el VIH/sida, la anorexia, la bulimia, la depresión, la ansiedad, la exclusión escolar, la explotación sexual y el narcotráfico, entre otras.
No obstante la realidad, perdura la gran contradicción de terminar la adolescencia y entrar en la vida adulta enfermos o con factores que atentan contra la calidad de vida: una cuarta parte de los costarricenses son hipertensos; 500.000, diabéticos tipo 2; el 60% sufre sobrepeso u obesidad; un 39% de los suicidios y el 40% de los homicidios ocurren entre menores de 30 años; el 50% de los menores de 24 años no terminan la secundaria; y el desempleo juvenil triplica el nacional.
El nefasto resultado de esta combinación de circunstancias son la desigualdad creciente, la corrupción y las enfermedades crónicas.
El panorama social empeora cuando las políticas públicas no se orientan a enfrentar el abandono juvenil, crear oportunidades de capacitación y empleo y espacios seguros y saludables para la socialización. Existe tal desconocimiento y falta de interés que espanta.
Se han ido creando las condiciones para la molestia, la desesperanza y, sobre todo, para que sucedan hechos brutales como las muertes de los jóvenes Marco Calzada, Manfred Barberena y Caleb Mora. Los dos primeros, recientemente, y el tercero, en el 2017.
Los sospechosos son dos adolescentes menores de edad (14 y 17 años) y uno de 19 años y otro de 21, lo que magnifica la tragedia y debería obligarnos a reaccionar y actuar.
Pero pareciera que no habrá ninguna respuesta estatal a corto plazo que se concrete en política pública de largo alcance, para promover un cambio en el estado de cosas, a pesar del riesgo de que los actos tiendan a ser cada día más violentos.
El autor es médico pediatra, fue fundador y director durante 30 años de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. Siga a Alberto Morales en Facebook.
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