EscucharEl 29 de enero del 2009 el presidente Arias anunció el lanzamiento del Plan Escudo para paliar los efectos de la crisis internacional que se había desatado el año anterior. Se trató de una magnífica pieza de oratoria, como las que acostumbra a pronunciar el expresidente; un discurso cargado de grandilocuentes citas literarias, y un sentido casi mesiánico de la misión que el destino encargaba a nuestro premio Nobel de la Paz.
El llamado Plan Escudo resultó ser una colección de medidas dispares, no todas relacionadas con la inminente crisis: un aumento del 15% en las pensiones del régimen no contributivo, cuyo monto se revisa periódicamente para recuperar el poder adquisitivo de todos los beneficiarios; un aumento en el número de becas del programa Avancemos, que estaba proyectado desde su concepción; una propuesta para flexibilizar las condiciones de contratación laboral que pegó en el cerco legislativo y –lamentablemente– nunca vio la luz del día; programas de capacitación del INA; reducción forzada de tasas de interés en algunas entidades; una ley de banca para el desarrollo que resultó imposible de implementar; la capitalización de los bancos estatales, etc.
Mucho ruido y, en retrospectiva, pocas nueces.
Gasto. La parte del Plan Escudo que sí se cumplió a cabalidad fue el anuncio de que en el 2009 el sector público reforzaría “su función empleadora”. Fueron contratados 29.144 nuevos funcionarios tan solo en el 2009, y otros 30.092 en los siguientes dos años. Los empleados públicos pasaron de representar el 13,75% del total de ocupados en el 2006, al 15,61% en el 2009.
Como resultado de tanta largueza estatal, el gasto en remuneraciones del Gobierno Central creció como proporción del PIB en casi dos puntos porcentuales entre el 2007 y el 2010. El gasto público aumentó en ese mismo lapso, también como proporción del PIB, en 4,6 puntos porcentuales, mientras, pasamos de tener un superávit fiscal del 0,6% a un déficit del 5,1%. Cuatro quintas partes del incremento del déficit se debió al crecimiento del gasto en esos cuatro años.
Junto con la promesa de aumentar el empleo público, el presidente Arias anunció que destinaría “alrededor del 5% del producto interno bruto a inversión”. Esto nunca estuvo ni remotamente cerca de suceder. Más bien, la inversión en activos no financieros cayó en los años posteriores al 2009.
La meta de crear 100 nuevos Ebáis se quedó en apenas 10 al finalizar la administración Arias Sánchez. En los cuatro años de la administración Chinchilla fueron creados otros 27.
Si el gasto público creció tanto, cabe preguntarse para qué sirvió. Gastar dinero, o invertirlo, no es un objetivo en sí mismo. Debemos evaluar los resultados.
Don Óscar se jactó en su discurso diciendo: “Podemos enfrentar esta crisis porque existe una política social robusta, aunada a una política fiscal y económica responsable”. Que la política fiscal no fue responsable, quedó evidenciado en los párrafos anteriores. Pongamos a prueba entonces la política social.
Empobrecimiento. Según datos del INEC, el porcentaje de familias viviendo en condiciones de pobreza extrema se duplicó, al pasar de un 3,5% en el 2008 a un 7,2% en el 2015. La proporción de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza también creció significativamente, del 17,7% en el 2008, al 21,7% en el 2015.
Hay que hacer la advertencia de que en el 2010 se dio un cambio metodológico, por lo que las cifras de antes de esa fecha no son necesariamente comparables con las posteriores. Sin embargo la tendencia creciente de la pobreza ya se venía observando desde antes del cambio. Podemos decir que lo único robusto fue el ritmo de empobrecimiento de la población.
Economía y negocios. Pasemos entonces a analizar la política de crecimiento económico. El Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial presenta indicadores que inciden en la competitividad y en la facilidad o dificultad para hacer negocios en un país.
En el reporte 2008-2009 fueron analizados 134 países y en el del 2015-2016, 140. Su comparación nos permite valorar la evolución del país en los últimos ocho años.
La infraestructura productiva en general no mejoró. En calidad de las carreteras pasamos del puesto 118 al 115, mientras que en calidad de los puertos subimos del 128 al 109, gracias a la privatización y mejora subsecuente del puerto de Caldera.
Pero al tiempo que Costa Rica mejoraba en algunos campos, como telefonía móvil e Internet (producto de la apertura en telecomunicaciones), otros países daban importantes saltos cualitativos, y permanecimos varados en el puesto 103 en el índice de calidad general de la infraestructura.
El ambiente de negocios empeoró. En cuanto a la cantidad de trámites necesarios para iniciar un emprendimiento, pasamos del lugar 103 al 104, al tiempo que la mayoría de los países de la región mejoraba sustancialmente.
Más preocupante aún: en el peso de las regulaciones en la conducción de los negocios pasamos de mitad de tabla (72) al fondo (118) y en cuanto al porcentaje de las utilidades que una empresa promedio destina al pago de impuestos (calculado en un 58%), caímos del puesto 106 al 121.
Un aspecto fundamental para promover el crecimiento económico y el empleo es la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Pero aquí fallamos miserablemente. Si en el 2008 estábamos en un triste puesto 118 en la fortaleza de la protección a los inversionistas, para el 2015 hemos caído a un abismal puesto 138 entre 140 países.
La flexibilidad salarial es necesaria para encontrar equilibrios entre la oferta y la demanda laboral, y es de vital importancia en épocas de alto desempleo. Sin embargo, mientras el desempleo crecía en nuestro país en los últimos años, caímos del puesto 55 al 92 en el índice de flexibilidad en la determinación salarial.
El despilfarro en el gasto público también es evaluado en el Reporte de Competitividad Global. Visto el desmedido incremento del gasto apuntado unos párrafos arriba, aunado a los pobres resultados descritos, a nadie debería sorprender que Costa Rica haya caído estrepitosamente del puesto 41 al 118 en el índice de desperdicio del gasto público.
Si bien la fiesta del gasto se inició con el Plan Escudo, continuó a lo largo de los años y se ha fortalecido desde el último cambio de gobierno. El presupuesto creció en casi una quinta parte en el 2015, a pesar de una inflación cercana a cero. Para el 2016, y con el apoyo de la fracción legislativa del PLN, el gobierno espera aprobar en los próximos días un presupuesto que elevaría el déficit fiscal al 6,9%.
En el 2016 llevaremos ocho años consecutivos con déficit superior al 3% del PIB, con un promedio anual del 5,1%. Si las tasas de interés empiezan a subir, como se espera, y algún shock externo dispara los precios del petróleo u otras materias primas que importamos, el precipicio nos esperará a la vuelta de la esquina. Todavía hay tiempo para rectificar. Lamentablemente, no mucho.
El autor es economista, miembro de la Plataforma Liberal Progresista.
