Una estrechísima mayoría de electores brasileños eligieron a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, en la segunda vuelta electoral del pasado 2 de octubre. Fue un alivio para los demócratas del mundo que temían que un triunfo de Jair Bolsonaro viniera a reforzar los regímenes populistas de derecha. También los ecologistas respiraron aliviados. En los últimos cuatro años las políticas de Bolsonaro a favor de la agroindustria han sido nefastas para la región del Amazonas. Las felicitaciones internacionales al candidato del Partido de los Trabajadores, electo por tercera vez, no se hicieron esperar.
Como sabemos, Lula ha ejercido anteriormente la Presidencia de Brasil en dos períodos consecutivos y si bien sus gobiernos no han sido perfectos, el balance de su administración es ampliamente positivo. Entre sus grandes logros están el haber sacado a cerca de 30 millones de brasileños de la pobreza, haber abierto canales de ascensión social para las grandes mayorías de afrodescendientes y haber reducido considerablemente el ritmo de la desforestación del Amazonas. Siendo un político claramente de izquierdas, respetó la institucionalidad democrática. Aunque aumentó el gasto social y la participación del Estado en la economía, sus políticas en lo fiscal y económico fueron aceptables para los sectores empresariales. El alto precio de las materias primas durante esos años fue, indudablemente, su gran aliado. Pese a la corrupción que desafortunadamente acompañó a su gestión, abandonó la jefatura del Estado con un 90% de aprobación.
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Retos mayúsculos
En este tercer período presidencial los retos a los que se enfrentará serán mayúsculos. El país está claramente dividido en dos en términos geográficos, socioeconómicos, políticos e ideológicos. Los estados del norte, más pobres, apoyan a Lula; los del sur, favorecen a Bolsonaro. Los sectores populares son lulistas en su mayoría, clases medias y altas, bolsonaristas.
Los partidarios de Lula favorecen una participación robusta del Estado en la economía, están a favor del gasto social y de las políticas de acción afirmativa y, conscientes de la amenaza del cambio climático. Son respetuosos del medio ambiente. Los bolsonaristas por el contrario, quieren un Estado pequeño, poco intervencionista y políticas que favorezcan la agroexportación, independientemente de su costo ambiental.
Los sectores socialmente liberales apoyaron al candidato del Partido de los Trabajadores. Mientras que los grandes agricultores y rancheros, los fundamentalistas cristianos, los partidarios de la “ley y el orden” y de la libre circulación de armas de fuego votaron por Bolsonaro.
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Economía en crisis
En vez de una economía boyante, esta vez, Lula tendrá que lidiar con una economía en crisis. La pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania están golpeando duramente a Brasil. La economía china, la principal importadora de materias primas brasileñas, casi no crece en la actualidad y no se espera que recupere su dinamismo en un futuro cercano. No está claro cómo podrá financiar el gasto social y las políticas ambientales que ha prometido.
Tal vez el desafío más grande sea el escaso margen de maniobra política de la que gozará en este su tercer mandato. El congreso estará dominado por los partidos de centro y de derecha que no le van a hacer favores, más bien se anticipa una fuerte oposición promovida por el lobby agroexportador, las iglesias evangélicas y demás sectores conservadores. Tampoco contará con aliados de peso entre los gobernadores, los tres estados más ricos y poblados, incluyendo São Paulo llevaron a aliados de Bolsonaro al poder.
Finalmente, los simpatizantes de Bolsonaro han demostrado en más de una ocasión, su alta capacidad de movilización. Sin ir más lejos, tan pronto se conocieron los resultados, camioneros organizados pusieron en cuestión su validez. Convencidos del triunfo de su candidato, bloquearon las principales carreteras del país y lograron la paralización parcial del comercio doméstico. Decenas de miles se han manifestado en 75 ciudades, incluyendo Brasilia y las 27 capitales estatales. Piden la intervención de las Fuerzas Armadas: que sean ellas las que organicen nuevas elecciones.
Más allá del 1.° de enero del 2023, fecha de la toma de posesión, se anticipan meses y, posiblemente, años de gran efervescencia política que sin duda dificultarán los grandes planes del recién electo mandatario.
La autora es politóloga.