EscucharEl Banco Central solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) acceso a “los datos integrales de todas las operaciones de crédito”, en otras palabras, conocer los detalles de los deudores y sus calidades, y los datos individuales de cada operación crediticia.
La superintendenta, Rocío Aguilar, se negó correctamente a brindar la información y esto motivó al Banco Central, en la persona de su gerenta general, a acusarla penalmente por el delito de desobediencia que tipifica el artículo 314 del Código Penal con pena de prisión de tres meses a tres años.
Esta situación amerita un análisis desde las perspectivas política, de oportunidad y jurídica. A continuación, comento cada una.
La política. Es difícil entender el estilo confrontativo de este gobierno contra el sector privado y sus críticos, ejemplos sobran: cierre del Parque Viva, denuncias contra Leonel Baruch basadas en un tiktok, interferencia de la Casa Presidencial en un caso a cargo del Patronato Nacional de la Infancia, recorte publicitario y persecución contra el programa Hablando claro y su directora, persecución laboral contra la diputada Vanessa Castro, solo para citar algunos.
Si bien es total y absolutamente censurable, lo es aún más que el estilo confrontativo se aplique también en lo interno, en las relaciones y coordinación interinstitucional, ya no se dialoga y negocia para encontrar un buen manejo de la institucionalidad, ahora se judicializan las diferencias, y ni más ni menos que ante la justicia penal.
Renuncia más clara al liderazgo y a la capacidad de convencimiento no he visto en cuatro décadas de estar en la primera línea de la política nacional. Con esto, les doy la razón a quienes criticaron el lema “Me compro la bronca”, cuando decían que Costa Rica no es para generar broncas, lo que finalmente se ha terminado haciendo.
Trabajé desde diferentes poderes con Eduardo Lizano, Carlos Manuel Castillo, Rodrigo Bolaños, Francisco de Paula Gutiérrez y más recientemente con Olivier Castro, y no veo a ninguno de ellos permitiendo semejante conflicto institucional. Sin duda, el problema se habría resuelto internamente.
Criterio de oportunidad. Vale la pena preguntar si la solicitud tiene sentido y se justifica, y aquí la respuesta es un rotundo no. El Banco Central requiere tener información para preparar los indicadores económicos y dar una luz a la ciudadanía y a entidades nacionales y extranjeras de lo que ocurre en el país, pero es información de carácter macro, por ejemplo, cuántos créditos hay por sector productivo, saldos, cumplimiento y mora de las obligaciones, tipo de moneda, entre otros, pero el Banco no necesita saber el nombre de esos deudores y sus datos de identificación para preparar sus indicadores y ver la marcha de la economía.
Ahora bien, esa información sí es útil para la Sugef y las entidades financieras. Por eso, la primera tiene la central de deudores y las segundas pueden solicitar la información individual de cada deudor para confirmar el nivel de riesgo por su endeudamiento, capacidad de pago y morosidad. Pero además, para tener acceso a la información requieren que la persona física o jurídica dé su aprobación escrita y expresada previamente.
Situación legal. Aquí puedo hablar con conocimiento de causa y con la autoridad de haber presidido la comisión que preparó la Ley Orgánica del Banco, además de que lleva mi firma como presidente legislativo.
Si algo tuvimos muy claro, era defender la autonomía del Banco, y hoy me atrevo a especular que esta y otra solicitud, que luego comentaré, huelen más a interés del Poder Ejecutivo que de las autoridades del Banco. También, quisimos fortalecer al Banco al brindarle el acceso a la información del país para sus publicaciones, pero una lectura del artículo 14 demuestra de manera clara que se refiere a temas macros y no a detalles de deudores, de igual manera el artículo 133, en los incisos d y e tutelan altísimos niveles de confidencialidad, cuya violación acarrea sanciones penales.
A propósito de las discusiones sobre el régimen cambiario, las autoridades del Central han insistido en que el mandato legal que tienen es controlar la inflación como la norma suprema de la entidad. Siendo así, es extraño que quieran entrar en este nuevo campo de manejo de la información de las personas.
También es bueno destacar que legislación promulgada con posterioridad a la Ley Orgánica del BCCR, como la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de Datos Personales, cerró aún más la posibilidad de la divulgación de información como la solicitada a la Sugef.
Dicho lo anterior, como ciudadano, no puede más que felicitar y aplaudir a doña Rocío por su firmeza y valentía en defensa de la privacidad de nuestros datos, y espero que la sensatez prevalezca y el Ministerio Público desestime la denuncia.
Hay otros casos. Lo grave de esta voracidad por la información confidencial que desea el Banco Central o el Poder Ejecutivo se manifiesta en otra solicitud a las entidades reguladas, y es tener los nombres y detalles de las transacciones en el mercado cambiario. Quieren saber cuántos dólares compra o vende cada persona. Esta solicitud resulta a todas luces inaceptable y peligrosa y sorprende que el Central la solicite.
Espero que al igual que la Sugef las entidades se nieguen a hacerlo, aun cuando corren el riesgo de ser denunciadas penalmente.
Aclaración final. Como en las redes sociales los operadores gubernamentales recurren a desacreditar a las personas, no faltará alguno que cuestione mi temor a que esta información sea entregada. Por eso, les recuerdo que en el caso de quienes hemos estado en cargos públicos toda ella consta en la Contraloría General de la República.
Para terminar, les recuerdo también la máxima de don Eduardo Lizano, el más destacado exponente de la política de banca central en el país, que nos decía en la década de los ochenta, hablando de las funciones del Central, ¡zapatero a tus zapatos!
El autor es excandidato a la presidencia y empresario.
