EscucharMientras en el 2008, entre las adolescentes con edades entre 15 y 19 años hubo 15.180 partos y entre las menores de 15 años 525, en el 2017, se registraron 10.150 y 301 respectivamente.
Es una muy buena noticia porque se produjo una disminución significativa. En porcentajes, pasó de alrededor de un 20 % en el 2008 a un 14,7 % en el 2017, con una también significativa disminución en menores de 15 años.
Lo interesante de este fenómeno es que si bien existen causas que pueden explicarlo estas se han dado de manera sectorial y desarticuladamente. Podríamos decir que, a pesar de nosotros, se producen cambios que favorecen a adolescentes y jóvenes.
La hipótesis por verificar sería si cuatro factores contribuyeron a esta situación: el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral del MEP, el Proyecto Mesoamericano de Prevención de Embarazo Adolescente y la creación de servicios diferenciados, integrales e intersectoriales, el uso de anticonceptivos de larga acción y focalizado en lugares de alta incidencia de embarazo adolescente.
También merece análisis la aprobación de la Ley contra las Uniones Impropias, que puede, sobre todo, estar aportando un mensaje de cambio, a pesar de las limitaciones en su aplicación porque todavía existen y, finalmente, los programas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la inserción escolar de adolescentes madres.
Nuevos bríos. Una segunda noticia es que en la década de los 80 se creó un Programa Nacional de Atención a Adolescentes, centralizado en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que permitió llegar a establecer alrededor de 100 clínicas para ellos en el país, pero el programa se debilitó, fundamentalmente por falta de visión y apoyo político. En la actualidad, si acaso 10 clínicas reúnen criterios mínimos para tener algún impacto.
Sin embargo, y después de ingentes esfuerzos de personas y organizaciones, en el enero del 2017 la Junta Directiva CCSS solicitó elaborar una Política Institucional de Adolescencia y en junio del 2018 fue aprobada. Uno de los puntos centrales y estratégicos es la reactivación del programa, del cual se espera un impacto positivo para la salud de los adolescentes.
Queda la tarea pendiente de analizar y ofrecer alternativas para la población joven de al menos 20 a 25 años, receptores de todo lo que dejó de hacerse por décadas en adolescencia y que hoy presentan cifras preocupantes como víctimas y victimarios de la violencia en todas sus formas: baja escolaridad, desempleo enorme y los problemas biomédicos que los afectan (obesidad, hipertensión, diabetes tipo II, enfermedades crónicas, entre otras).
La tarea por delante es dar norte y coherencia a lo hecho hasta el momento, y para esto la coordinación interinstitucional e intersectorial es fundamental.
El espacio natural para ello debería ser el Consejo de la Niñez y la Adolescencia, en donde están representadas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, municipalidades y empresarios. El objetivo del Consejo es la integración y la coordinación de todos los sectores relacionados con la niñez y la adolescencia.
Lo paradójico es que hasta el momento hay mucho por hacer y la descoordinación es patente. Poco a poco se dan cambios positivos para una porción de la población invisibilizada y abandonada crónicamente, por lo cual queda en el aire la pregunta de cuánto más podría hacerse si al frente de estas responsabilidades estuvieran siempre las personas idóneas y se diera la información y coordinación urgente y necesaria.
El autor es médico pediatra, exjefe de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños.
