EscucharPara nadie es un secreto que el sistema penitenciario nacional atraviesa una grave crisis, que tiene un nombre claro: hacinamiento. Tampoco se puede negar que el problema tiene una causa: la inercia e irresponsabilidad de las administraciones que, a pesar de las reiteradas órdenes de la Sala Constitucional, durante décadas no ejecutaron acciones que dotarán de la infraestructura y los recursos necesarios al sistema, a fin de atender a la creciente población privada de libertad, integrada por seres humanos cuyos derechos fundamentales deben garantizarse.
Esta falta de decisión y acción oportuna generó que el índice global de hacinamiento oscile entre el 40% y el 50% a nivel nacional. Si el dato se particulariza, unas cárceles están más saturadas que otras, donde, en algunos ámbitos, el hacinamiento supera el 150%. Es un desastre heredado, al que hay que darle solución pronta.
El recuadro muestra el repunte acelerado del hacinamiento a partir del 2006. La población en la cárcel crecía como resultado del trabajo eficiente de los cuerpos policiales, la entrada en funciones de los Tribunales de Flagrancia y la eliminación de las contravenciones (daños o hurtos leves que antes eran sancionados con multa), de manera que en la actualidad para casi cualquier falta la sentencia puede ser la prisión.
Mientras se daba este crecimiento, las administraciones de turno no tomaron las medidas para recluir a los privados de libertad en forma digna y evitar que se llegara a la situación actual. Hoy, 13.821 personas (si incluimos penal juvenil, la cifra asciende a 14.096) guardan prisión mientras la infraestructura –según datos actualizados a febrero del 2015 por los departamentos de Ingeniería y Seguridad del Ministerio de Justicia– solamente cuenta con espacio físico real para 9.130.
He informado personalmente de esta realidad en diversos foros, ante distintas autoridades del Gobierno y ante la opinión pública en los artículos que este mismo diario publicó bajo el título “Sistema penitenciario requiere inversión” (16/11/2014) y “Divulgación de datos de hacinamiento penitenciario” (13/2/ 2015).
Abierta y claramente, he manifestado que el hacinamiento nacional supera el 40%, porcentaje que resulta de confrontar el total de personas privadas de libertad con la capacidad de la infraestructura para recluirlas.
El porcentaje de hacinamiento varía constantemente, debido a que por semana ingresan 90 o más nuevos privados de libertad. En algunos meses, llegan más de 700, sin un balance entre los ingresos y los egresos. En enero y febrero del 2015, Adaptación Social registró un ingresó de 190 personas sentenciadas y 849 indiciadas, lo que suma 1.039 para reclusión y atención.
¿Cómo enfrentamos el problema? Al cierre del 2014, la Dirección General de Adaptación Social tramitó 2.604 desinstitucionalizaciones, ejercicio que consiste en revisar el perfil del privado de libertad. Quienes reúnen los requisitos de ley y no impliquen un riesgo para la comunidad, pueden ser trasladados de la cárcel al sistema semiinstitucional o semiabierto, donde duermen fuera algunos días, pero sujetos a un modelo de atención que emplea Adaptación Social durante todo el proceso de reinserción. Fue un logro bastante superior al de años anteriores. No obstante, esta acción diligente del Ministerio de Justicia contrasta con la cantidad de privados de libertad en carácter de indiciados (en prisión preventiva), que hoy asciende a 2.789, quienes están en la cárcel a las órdenes de las autoridades judiciales.
En términos de infraestructura, en una actuación entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda, destinamos recursos del presupuesto ordinario por ¢11.283 millones para la construcción de 24 módulos de mediana contención en La Reforma, que tendrán capacidad para recluir a 1.480 privados de libertad. En octubre del 2014, sacamos de una condición de alto riesgo de incendio a más de 750 reclusos del ámbito D, en esa misma prisión, y mejoramos las condiciones del resto de la población en similares circunstancias. En ese mes se procedió también al cierre de la cárcel de San Ramón, por el alto riesgo que representaba su inadecuado diseño para la seguridad e integridad física de los privados de libertad, funcionarios y visitantes.
De mayo a la fecha, habilitamos 1.072 nuevos espacios para la reclusión: 480 en La Reforma, 192 en Liberia, 240 en Pérez Zeledón y 160 en Puntarenas. Actuamos para que, durante el segundo semestre del año, se disponga de 500 nuevos espacios para la población de mínima seguridad; 400 en La Reforma y 100 en Pococí. En abril, dispondremos de un módulo nuevo con capacidad para 74 adultos jóvenes recluidos en La Reforma, lo que disminuirá el hacinamiento en el programa penal juvenil.
En el 2012, entró en vigor la Ley 9025, Programa para la Prevención de la Violencia y la Inclusión Social, el cual comprende un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo se encontraba en un severo estado de rezago, hasta que esta administración propuso un plan de aceleración de plazos, lo cual nos ha permitido ir cumpliendo los objetivos establecidos en la ley, tal como lo han reconocido altos jerarcas del Banco.
Hemos iniciado el proceso que nos permitirá poner en marcha el plan piloto de la Ley de Mecanismos de Seguimiento Electrónico en Materia Penal (número 9271), que contribuirá a reducir el hacinamiento en la población que descuenta medidas cautelares, como la prisión preventiva. El 19 de febrero se publicó, en este diario, el anuncio para que las empresas que deseen participar en la licitación que pondrá en ejecución el plan piloto manifiesten su interés durante marzo.
Con estos recursos se financia, además, la construcción de las nuevas cárceles, lo cual hará posible el desarrollo de proyectos de inclusión social y el fortalecimiento de habilidades productivas en la población privada de libertad y, a la vez, la reducción del hacinamiento.
El impulso dado por esta administración a la ejecución de los citados recursos ha permitido dar un gran paso adelante. Así, al cierre del 2014, se contrató la empresa, que en este momento está en la fase de diseño de las cárceles, y se proyecta iniciar la construcción en el último trimestre del año.
Estas acciones debieron ejecutarse desde que se recibió el empréstito, en el 2012; sin embargo, entrado el 2014 no se había emprendido ninguna de ellas. Fue esta administración la que asumió la tarea de manera diligente para responder a la urgencia que tiene el país.
En materia normativa sancionatoria, existe una participación activa de este Ministerio en la Comisión de Reforma Penal, instancia de alto nivel conformada por autoridades de los tres poderes de la República y otras instituciones competentes, entre ellas la Academia y la Defensoría de los Habitantes, con las que hemos asumido la tarea de revisar el Código Penal y el sistema de sanciones con el propósito de formular un planteamiento serio, que responda a nuestro modelo, acorde con las necesidades del país.
Altos jerarcas del Poder Judicial han reconocido en instancias oficiales, como la Comisión del Acceso a la Justicia, los logros, esfuerzos y avances que, desde el Ministerio a mi cargo, durante estos meses de gestión se han efectuado en favor de la tutela de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y en la constante mejora del sistema penitenciario.
En síntesis, el otorgamiento de condiciones dignas a las 14.096 personas en reclusión en alguna de las 13 prisiones del país y en el programa penal juvenil es una prioridad para el Ministerio de Justicia y Paz y para el Gobierno. Estamos claros y actuamos de forma conteste con el compromiso propio de un sistema penitenciario que sigue el modelo de las Naciones Unidas, fundamentado en derechos y obligaciones.
Estamos conscientes de que el sistema penitenciario requiere inversión y, por ello, continuaremos en la tarea de ejecutar responsablemente los recursos. La tutela de los derechos humanos no admite demoras. La situación del hacinamiento es una situación país, un asunto de derechos humanos que requiere de una respuesta activa de todos los poderes del Estado.
