Buena parte del mundo está siendo recorrida por un movimiento de grandes proporciones que ha visibilizado un enorme problema: la discriminación a las mujeres.
Se trata de un movimiento esencialmente urbano que, sin embargo, también se presenta en los territorios rurales, donde las mujeres están en doble desventaja: frente a los hombres que viven en el campo y a las mujeres urbanas. Reducir esas brechas compete no solo a los gobiernos, sino también a la sociedad civil, que debe adoptar un compromiso para paliar esta problemática.
Los estudios de las relaciones de género en los territorios rurales son, vistos desde el medio urbano, una suerte de retrato con forma de daguerrotipo, una foto en sepia efectuada en la era contemporánea.
Una parte de esas relaciones se refleja en frases como “ella ayuda en las tareas de campo” o “ella no tiene responsabilidades económicas”, las cuales confirman que en el medio rural existe una generalizada ausencia de reconocimiento del trabajo de las mujeres.
Esa realidad antagoniza con otra: las mujeres rurales no solo cumplen un papel fundamental en el hogar, también tienen un alto peso en las tareas productivas. Es decir, son corresponsables del desarrollo productivo y, además, aseguran la estabilidad y la sobrevivencia de sus familias.
Pese a los progresos registrados en los últimos años en el empoderamiento de las mujeres y en la atención de la igualdad de género, en el medio rural ellas siguen siendo las principales encargadas del cuidado de los hijos y de la casa, de preparar la comida, de conseguir la leña y el agua. El trabajo doméstico no es reconocido como trabajo, sino como “natural y obligatorio”.
Desposeídas. Casi un 40 % de las mujeres residentes en el campo en América Latina y el Caribe no tienen ingresos propios, ante un 14 % de los hombres rurales. Menos de un tercio de las mujeres rurales posee la titularidad de la tierra donde habitan.
Indicadores, testimonios y experiencias de campo “gritan” la invisibilidad de la mujer rural y la falta o el insuficiente acceso a la propiedad de la tierra, a recursos productivos, a financiamiento, a Internet, a agua potable, a educación, a capacitación, a salud y a justicia.
Cambiar esta realidad requiere conformar una gran coalición social transformadora, que estimule la creación de políticas públicas sólidas y a largo plazo que las beneficien, con una decidida voluntad neutralizadora de la discriminación. Ese sería el mejor homenaje posible en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, instituido hace 11 años por la ONU. La celebración será el 15 de octubre.
Incentivos. En el centro de las políticas innovadoras debe estar la creación de incentivos para que las mujeres jóvenes desarrollen ideas novedosas en sus lugares de origen, atacar la carencia de servicios que promueve la migración de la población rural –el arraigo depende directamente de las mujeres–, aprovechar oportunidades a través de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y de la recuperación de artes y oficios artesanales que la sostenibilidad consagra hoy como nuevos nichos de mercado.
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Una de las obligaciones de las democracias modernas es la creación de más y nuevos espacios para que las camadas de la población discriminada dejen de serlo. Una manera de abrirlos es encender los reflectores sobre estas cuestiones para comprender, paso inicial de la transformación.
El IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Manuel Otero es su director.