EscucharUn país donde casi un 68 % de la capacidad instalada en placa del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es hidroeléctrica se torna vulnerable a las variaciones climáticas.
Esto produjo que en el 2023 se gastara ocho veces más por concepto de costo variable de generación (CVG) debido a la utilización de combustibles fósiles, y que en el 2022 y recientemente llegáramos a la zozobra de los posibles racionamientos, que dichosamente todavía no se han materializado.
En un reciente comunicado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) calculó que la producción térmica del 2024 sería alrededor del 10 % de la generación del SEN.
Según la información real disponible al cierre de abril, la Aresep advirtió que el 1.° de enero del 2025 tendrá que reconocer al ICE cerca de ¢193.000 millones, lo cual implicaría un aumento del CVG, que se sitúa en aproximadamente un 43 % (este año el CVG es del 31,43 %), cuyo efecto para los clientes finales rondará un 25 % de aumento en las tarifas.
En una economía en la cual todavía un 49 % de la energía que se consume proviene del petróleo, el incremento y diversificación de las fuentes de generación eléctrica con energías renovables es prioritario para el desarrollo económico sostenible en sus tres dimensiones: económica, ambiental y social.
La ampliación y la diversificación de nuestra matriz abre la posibilidad para descarbonizar la economía a partir de la electrificación del transporte y los procesos industriales, pero, para que sea posible, se necesitan tarifas competitivas y, por tanto, inversión pública y privada.
Un país con un crecimiento de la demanda interanual de electricidad que rondó el 3,56 % en el 2023 y con la imperativa necesidad de descarbonizar cuenta con una ventana de oportunidad para que tales inversiones se consigan.
Pero el marco jurídico ha limitado la producción eléctrica renovable en competencia y se ha circunscrito a la generación distribuida.
La Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional se nos presenta como el instrumento idóneo para avanzar en este sentido, ya que permite un mayor aporte de la inversión privada en condiciones de competencia.
Para el sector industrial, que consume el 23 % de la electricidad, la disponibilidad, la calidad y el costo de la electricidad es clave para su competitividad.
Aumentar el porcentaje de consumo (electrificar la industria) solo es posible si estos estándares se alcanzan. La ley posee los mecanismos. El crecimiento de la demanda y las condiciones favorables para la generación de energías renovables de nuestro país harán el resto, en un marco que regule y fomente la rivalidad.
La ventana de oportunidad para transformar nuestro sector eléctrico está abierta hoy. No podemos darnos el lujo de postergar la modernización de la normativa que rige la generación eléctrica.
La Ley de Armonización del Sector Eléctrico Nacional ofrece las herramientas necesarias para impulsar inversiones públicas y privadas en energías renovables, y garantizar la competitividad y la sostenibilidad.
Es esencial que actuemos ahora para crear un sistema eléctrico robusto, diversificado y competitivo que responda a las necesidades del siglo XXI.
No es solo una cuestión de economía, sino también de responsabilidad ambiental y social. Cada día que retrasamos las reformas es un día perdido en la carrera por la descarbonización y la mejora de nuestra calidad de vida.
Por el bien de nuestras industrias, nuestra economía y nuestro planeta, avancemos con decisión y determinación hacia un futuro energético sostenible.
El autor es coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
