EscucharEn relación con el artículo del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, publicado el 18 de enero con el título “La opinión consultiva y las opciones que tiene Costa Rica”, me permito hacer los siguientes comentarios:
Es necesario considerar el tema de la identidad de género y el matrimonio igualitario en su justa dimensión: las vidas de personas que todos los días sufren un estigma, un rechazo o desprecio por el mero hecho de no ser heterosexuales y, sobre todo, por no vivir la vida de alguien más.
La opinión de la Corte-IDH ha reconocido a estas personas, que forman parte de una sociedad democrática, derechos (no privilegios) civiles (no religiosos), que les permiten dejar de ser ciudadanos de segunda categoría.
Esto a nadie afecta, a nadie le quita derechos, a nadie le impone cargas adicionales y, sobre todo, a nadie le da privilegios. (Los gais pagarán la misma carga tributaria, tendrán que soportar las mismas presas y los mismos desplantes noticiosos).
En este contexto, comparto plenamente el mensaje de Rodríguez sobre la necesidad de que estos temas se deben considerar con respeto, sin insultos y que “no debe estar presente la posibilidad de defender discriminación alguna que atente contra los derechos fundamentales de toda persona”. Tal y como dice el expresidente, no es posible discriminar los derechos fundamentales, por lo que no es conforme a derecho promover un bloqueo al acceso igualitario a la institución civil que ofrece el Estado para regular las relaciones de pareja: el matrimonio civil no religioso (párrafos 218, 225, 226, 228 de la OC24-2017).
También dijo la Corte que no es viable la creación de nuevas figuras jurídicas, puesto que el único efecto que causa es el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia, sino estigmatizante, por lo menos como señal de subestimación”.
Religión. Otro aspecto al que hace referencia Rodríguez es la religión. Sin duda desempeña un papel primordial en las convicciones de las vidas y dignidad de muchas personas; es importante respetar ese ámbito privado y promoverlo. Pero es necesario recordar que la religión es un escudo, no una espada. No podemos imponer nuestra convicción religiosa en la vida de los demás, ni mucho menos afectar los derechos civiles a fin de que nuestra convicción religiosa no se vea afectada. La mejor manera de garantizar la libertad religiosa es por medio del terreno neutral de la democracia.
En los Países Bajos, el primer país del mundo con matrimonio civil igualitario, es la mejor muestra de los inexistentes riesgos que dos personas, que se aman, que tienen interés de formar familia y una vida con compromiso, puedan recibir una protección legal por medio de los mecanismos civiles que ofrece el Estado. A Holanda no han llegado plagas, no hay una destrucción de la “fibra moral” de las personas; lejos de ello, hay un gran civismo, desarrollo económico y hasta las cárceles están cerrando.
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El matrimonio civil (no religioso, pues ningún sacerdote será obligado a casar personas del mismo sexo) va más allá de aspectos patrimoniales. Un ejemplo: imaginemos que una persona es acusada de cometer un delito, y dentro de los testigos la Fiscalía decide llamar a la cónyuge del imputado.
Esta persona puede abstenerse de declarar por el lazo civil que los une, porque este genera un ámbito de privacidad tan privado que ni siquiera un juez penal puede introducirse en esa esfera. Esto genera relaciones más sólidas, más estables y más comprometidas; lo cual, a su vez, genera ciudadanos más felices y productivos. ¿Por qué un Estado no querría promover algo así? Es falso que respetar la obligatoriedad de la opinión consultiva 24 llevaría a “absurdos jurídicos y materiales que es obligación del Estado evitar”.
Salirse no es viable. Otro aspecto rescatable de la opinión del expresidente Rodríguez es que salirse de la Convención Americana sería una “madurada”; más aún, desdeñaría que Costa Rica, además de ser la sede la Corte más importante del continente americano (es falso que el Tribunal de Estrasburgo esté por encima de ella) es el faro de América en lo que respecta al Estado de derecho y promoción del derecho internacional público y privado.
Por otra parte, ¿dónde dejamos los derechos de las más de 204 familias homoparentales que no han podido reconocer a sus niños? Es muy injusto que a pesar de todo el esfuerzo y amor que estas familias inyectan, no puedan tener el mismo trato, y eso es algo que ha cambiado con la OC-24. Tanto la OC-24, como el caso Átalo Riffo contra Chile, explican que no hay un solo molde de familia y que todos son respetados por la Convención Americana.
En relación con la traída a escena de los derechos reproductivos de las mujeres y la eutanasia que hace el señor Rodríguez, cabe señalar que la opinión consultiva 24 nada tiene que ver con ellos. Intentar confundir agendas, para crear alarmas donde no hay incendios, es inaceptable.
Como dijimos más de 34 entidades (incluyendo dos federaciones) de la sociedad civil de todo el continente americano: “La Opinión Consultiva 24 es una medida equivalente a aquellas que declararon la plena ciudadanía de las mujeres y el fin del apartheid y establece, fuera de toda duda legal, porque ya estaba fuera de toda duda ética, que la frase ‘todas las personas somos iguales en dignidad y derechos’, incluye a las personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex). Esto de ninguna manera significa que las personas heterosexuales van a perder sus derechos. Nadie pierde, todos ganamos con la inclusión.
El autor es abogado.
