EscucharHace unos días, en la Comisión de Ambiente, los titulares del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) expresaron una férrea oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de regular y despenalizar el comercio de marihuana. Desde luego, volvemos a uno de los temas que polarizan a la sociedad porque, en el fondo, viene envuelto de consideraciones éticas y religiosas.
Lo que sorprende es que los investigadores, sobre quienes se presume cierto nivel de rigor, hicieran un planteamiento tan lleno de moralina e inexactitudes; tras los argumentos en contra se esconde un cúmulo de miedos y especulaciones desprovistos de sustento empírico.
Para argumentar sus temores, los policías llevaron el “World Drug Report 2022″, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) que hace un balance del impacto que tienen diversas drogas a partir de un indicador inocultable y determinante: casi 210 millones de personas en el planeta consumieron marihuana en el 2020.
El informe no es, en sentido estricto, un examen sobre las ventajas o desventajas de la descriminalización del comercio de marihuana, sino datos objetivos respecto a hábitos de consumo en el mundo y su vinculación en diferentes niveles —medioambiente, seguridad, sanidad pública, economía, etc.—. La lectura equivocada de la policía —sin duda, no de mala fe— podría inducir a error a quienes integran el foro legislativo.
La UNODC no se pronuncia sobre el uso recreativo de la marihuana, porque entiende que es una decisión política que cada Estado debe tomar soberanamente. En el plano de la seguridad y de los sistemas de justicia, sin embargo, a diferencia de la rotundidad con que el OIJ presentó estos hallazgos, lo cierto es que en aspectos como el comportamiento de la criminalidad —robos en lugares donde se expenden dosis de cannabis— los accidentes de tránsito asociados a esta sustancia y el incremento en el procesamiento judicial de jóvenes, la información disponible no es, y de este modo se admite expresamente en el documento, ni concluyente ni definitiva.
Por ejemplo, el estudio reconoce que el aumento de hurtos, experimentado en algunos estados de Canadá y Estados Unidos en los últimos dos años, responde más a causas endógenas, como la situación económica y demográfica de barrios concretos, que a la comercialización de cannabis.
De lo que sí se tiene certeza es del impacto que la legalización del comercio de marihuana produjo en otras áreas más allá de las innegables ventajas en términos tributarios. En primer lugar, una reducción significativa en la tasa de encarcelamiento, especialmente relevante en Estados Unidos, dados los sesgos raciales en esa materia y que lo sería también en un país como el nuestro, vistos los elevados índices de encierro y costos económicos y sociales que tiene la cárcel.
En segundo lugar, hubo un desplome de los mercados ilícitos, lo cual supone una de las principales preocupaciones de la ONU y de quien comprenda que allí reside el caldo de cultivo para la violencia y la delincuencia.
La despenalización del comercio de marihuana no desconoce los efectos perniciosos que puede tener esta sustancia ni la justificación se explica en sublimar su consumo. Lo que pasa es que una sociedad civilizada no puede reprimir con prisión todo aquello que la perjudique, principalmente, si, como sabemos bien, la respuesta punitiva no ha contenido ni su uso ni su expansión.
El reporte sugiere que los Estados encaren la cuestión como se ha hecho con otras sustancias. Cuando no había dudas, para citar un caso, sobre los efectos nocivos del tabaco, se optó por aprobar medidas para limitar el fumado en lugares públicos y restringir la publicidad. A nadie, sin embargo, le habría parecido razonable penalizar a quienes lo comercian con sanciones de entre 8 y 20 años de cárcel como pasa, actualmente, en Costa Rica con la marihuana.
Vivimos épocas de debates tóxicos y manipulados, esa es una realidad con la que hay que bregar, pero de la que se debe renegar sin ambages. Los prejuicios y las nostalgias represivas no deben sustituir a la ciencia, al sentido común y a la evidencia. El proyecto del Poder Ejecutivo, como otros que se han presentado, seguramente sea objeto de mejoras, en términos de financiamiento y prevención, pero ello no implica demonizarlo ni mucho menos descartarlo.
Esta lucha, como tantas otras, acabará en reformas normativas, los posicionamientos rancios y casposos no evitarán que el consumo de marihuana exista. La devoción al aparato represor es inútil; un espejismo cuyos resultados ya hemos probado. El endurecimiento del sistema penal debido a la Ley sobre Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, a inicios de los noventa, ha hecho que haya más gente presa, pero no menos gente consumidora. Ahí está la clave para construir una política pública moderna y, fundamentalmente, más inteligente.
Profesor de la UNA y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
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