Nuevamente, el pasado 20 de marzo, leíamos en la página 3 de La Nación, un título que decía: “OCDE pone nota roja a infraestructura del transporte del país”.
Llevamos más de 30 años de que el sector de infraestructura del transporte del país está totalmente abandonado por los políticos de turno. Quizá en algunas administraciones se han hecho esfuerzos por avanzar, aunque lentamente, pero no se logran mayores progresos. A veces, lo que un gobierno impulsa en infraestructura, el siguiente lo echa para atrás bajo toda clase de excusas, menos la técnicamente aceptada. ¿Será esto un precio de nuestra democracia? Cada vez más, la inversión en este sector con respecto al producto interno bruto del país es menor al 1%, y deberíamos estar al menos en un 3% del PIB sostenido en diez años para lograr un mejor nivel en la infraestructura nacional y bajar los costos de operación.
Recientemente, trascendió el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, dado a conocer por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) con apoyo de Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), texto que debería ser el norte de las administraciones del transporte y la obra pública en el Istmo, por ser un documento científicamente estudiado y analizado.
Según este plan, el 30% de nuestra carga de exportación internacional a Centroamérica es por tierra y tiene un costo de operación de $0,17 por kilómetro recorrido debido a pérdidas de tiempo y a las malas condiciones de nuestras rutas, así como en las fronteras. En Estados Unidos, es de $0,02. Esto demuestra el alto costo que cobran los transportistas y que estamos pagando los consumidores, a nivel centroamericano, por la falta de una infraestructura del transporte multimodal y adecuada. Además, nos resta competitividad como país en los ámbitos comerciales, industriales y económicos.
Y eso que, dichosamente, hoy estamos viendo, en Paso Canoas y Peñas Blancas, las bondades de la inversión para digitalizar procesos.
Nuestro Plan Nacional de Transportes (2011-2035), que también fue declarado Política de Transportes vía decreto, contempla estos corredores estratégicos y debemos respetar su prioridad de ejecución constante, como un norte del país y una estrategia de inversión –no un gasto–.
Si bien es cierto nuestro endeudamiento no nos permite gran holgura, también lo es que el precio de restringir la inflación (menor a 1%) es sacrificar al país y estrangular su desarrollo económico y social. No es malo tener inflaciones de 3% o 4% si invertimos en desarrollo de la infraestructura de los transportes multimodales y eso se traduce en rentabilidad, bienestar social, desarrollo en salud, turismo, y sobre todo, se convierte en fuente de trabajo para esa juventud perdida y dedicada hoy al narcotráfico a falta de fuentes de trabajo directo. Al haber mejores sistemas de transporte, las inversiones crecerán, así como los impuestos que podrá recoger el Estado.
El Plan Regional de Movilidad y Logístico (2035), establece los siguientes ejes transversales y sectoriales:
1. Infraestructura vial y transporte terrestre: garantizar la seguridad, calidad y eficiencia en el transporte, teniendo en cuenta que la infraestructura vial en Centroamérica es vital para el desarrollo económico de la región.
2. Marítimo-portuario: mejorar los procesos logísticos en el transporte marítimo y en los puertos.
3. Aeronáutico-aeroportuario: superar los desafíos que presenta la movilidad aérea en materia de infraestructura y servicios para mejorar la competitividad y convertirse en un punto estratégico de comercialización y entrada de personas.
4. Transporte ferroviario: contribuir a la rehabilitación de la red ferroviaria y su interconexión a lo largo de Centroamérica y sus derivaciones internas en cada país.
5. Gestión coordinada de fronteras: mejorar la coordinación en los cruces fronterizos para la eficiencia del transporte y la logística.
6. Logística urbana: promover acciones estratégicas que impulsen proyectos sectoriales eficientes y sostenibles, seguros, comprometidos y respetuosos con el ambiente.
Ya todo está estudiado. Lo que requerimos es una verdadera voluntad política de todos los poderes del Estado para su ejecución, de modo que podamos dedicarnos a lo importante y no a lo cosmético.
Nos toca volver a empujar nuestros sistemas de transportes pero con una política técnica y de gestión adecuada, con los mejoramientos administrativos y legales que correspondan, y con expertos profesionales a la cabeza en cada ramo. El país los tiene, pero se están desperdiciando o están en otros países haciendo lo que deberíamos hacer aquí.
Todos pongamos manos a la obra ya: cámaras, comercio, asociaciones, sindicatos, poderes del Estado, universidades y demás gremios sociales, y dejemos de meterle más “palos a la carreta” y justificaciones de beneficio propio.
Gerardo Acosta H. es presidente de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica.