EscucharCosta Rica cerró el 2023 con 908 asesinatos, producto del crimen organizado y peleas por el control de las plazas de distribución de drogas. Porcentualmente, se contabilizaron 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra escalofriante para un país que se destaca en gran medida por su negocio turístico.
El presidente afirma que repeler la acción criminal solo será posible si los proyectos de ley que envió a la Asamblea Legislativa son aprobados, un criterio poco convincente y, además, engañoso. Debemos mejorar la calidad del debate respecto al problema prioritario de la criminalidad. Es indispensable un análisis fundamentado en evidencias para que el discurso deje de ser trivial y pueril.
Existe un temor generalizado de caer en las garras de las luchas de poder entre bandas delincuenciales, que son empresas criminales organizadas con la pretensión de controlar el ingreso, transporte, almacenamiento, distribución local y exportación de drogas, entre otros delitos.
Aparte de contener y reprimir el delito en todas sus dimensiones, es preciso atender las causas que originan esta debacle, la cual nos tiene postrados ante una peligrosa realidad.
Todos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la ley, pero especialmente las autoridades que poseen poder político y funcional. Deben observar el impacto de la criminalidad y la delincuencia en el deterioro social, la desocupación, la desintegración familiar, el bajo nivel educativo, la impunidad, el miedo a denunciar por temor a represalias de la mafia y la desigualdad.
Es necesario ocuparse del análisis de la economía, el desarrollo social, la cultura, la educación, los valores y otras dimensiones. Está comprobado que más de la mitad de los adolescentes están fuera de los centros de estudio y son fácilmente reclutados por las bandas delictivas para el consumo, distribución, transporte y, lo más grave aún, para convertirlos en sicarios que ejecutan a quienes se les ordene asesinar.
Recordemos que resulta menos oneroso becar a una persona desde la niñez hasta convertirla en un profesional útil para la sociedad que mantenerla en prisión durante gran parte de su vida. Invertir en prevención resulta ser un negocio lucrativo para la sociedad y jamás debería ser catalogado como gasto.
Para contener y reprimir el crimen, es necesario abandonar el discurso ligero de ocultar la realidad, de tratar de hacer creer a la ciudadanía que las muertes son entre delincuentes; dejar de atribuir, irresponsablemente, a instituciones públicas y privadas sin vínculo directo con el combate de la delincuencia la responsabilidad del elevado índice de delitos; y no pretender que la prensa independiente deje de informar sobre los sucesos que a diario se conocen a través de las redes sociales.
Toda acción preventiva, represiva, acusatoria, juzgadora y ejecutora de la pena requiere un presupuesto holgado. Este ha sido un asunto controvertido, incluso ha habido enfrentamientos entre las autoridades y el Poder Ejecutivo.
El Gobierno Central ha hecho sus mejores esfuerzos para no entregar a las autoridades los recursos que por ley debe proporcionarles; incluso, la fracción oficialista negó sus votos cuando se aprobaron escuálidos recursos para estas labores fundamentales.
Un país seguro resulta ser un plus para la inversión de capital sano y la visita de turistas, quienes dejan divisas en nuestra sociedad. En cambio, una nación insegura se constituye en un peligro para el progreso económico y aleja la inversión extranjera y el turismo hasta tornarla una economía decadente y peligrosa.
El autor fue director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
