Para proteger la democracia, protejamos a los periodistas en el exilio

En abril, Ilya Barabanov, corresponsal de la BBC en Rusia, fue calificado de “agente extranjero” por el ministerio de justicia ruso, lo que en la práctica le impidió cubrir varios aspectos de la vida cívica local. Evidentemente, calificativos como ese limitan la libertad de prensa y, a menudo, no son más que el comienzo.

Los arrestos realizados en abril de Konstantin Gabov y Sergey Karelin, bajo la acusación de producir contenidos para el canal de YouTube del fallecido líder opositor Alexéi Navalni, demuestran que el solo hecho de estar afiliado a un medio periodístico considerado “extremista” basta para ser encarcelado.

Desde entonces, Barabanov se ha ido de Rusia, y no es el único. Bajo la incesante presión del Estado, los medios de prensa independientes han ido cerrando a lo largo del país. A más de dos años de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, los periodistas rusos ya han encontrado una nueva vida en el exilio: al menos 93 medios transmiten desde el exterior.

Los periodistas bielorrusos enfrentan una realidad parecida. Los medios de prensa estatales están controlados por el presidente Aleksandr Lukashenko, y quienes trabajan para los pocos medios independientes que quedan sufren censura, violencia y detenciones. Tras la supresión de las protestas prodemocracia del 2020 y el 2021, la mayoría de los medios independientes del país se han reubicado en Polonia y Lituania.

Esta alarmante tendencia de ninguna manera se limita a Europa del Este. El aumento del autoritarismo, los conflictos y las amenazas a la libertad de prensa están haciendo que una creciente cantidad de periodistas huyan de sus países de origen.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas, la cantidad de profesionales que buscan apoyo para su reubicación aumentó un 227 % entre el 2020 y el 2023, principalmente de países como Afganistán, Irán y Nicaragua.

Periodistas comprometidos

En sus nuevos países de acogida, muchos de estos periodistas exiliados se centran en reanudar su trabajo. A medida que la mitad de la población del planeta vaya a las urnas este año para votar en elecciones locales, estos periodistas se encuentran en una posición única para dar narrativas factuales que desmientan la propaganda del Estado e informar sobre el fraude electoral, la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en sus países, con menos temor a las represalias que sus colegas que optaron por quedarse.

También sirven de lazos para las poblaciones de refugiados, ofreciéndoles información crucial sobre la situación en sus lugares de origen y una plataforma de expresión de los problemas que preocupan a quienes han tenido que migrar.

Este año nos ha provisto de varios ejemplos inspiradores. En los preparativos para las elecciones de El Salvador, realizadas en febrero, El Faro, medio en el exilio que funciona desde Costa Rica, denunció numerosos casos de mala conducta electoral, manipulación de distritos, mal uso de fondos públicos y supervisión inadecuada del voto de los salvadoreños que viven en el extranjero.

De manera similar, Meduza, medio ruso que opera en Riga, cubrió de modo completo el uso del Kremlin de las terminales de voto electrónico para presionar a los funcionarios a que votaran en las elecciones presidenciales de marzo.

Los periodistas que huyen de regímenes represivos también enfrentan multitud de retos en los países que los reciben. A menudo, el mero registro y reanudación de sus tareas exige pasar por complejas leyes y normativas.

Incluso si logran sortearlas, obtener y retener la confianza de sus públicos puede convertirse en una lucha cuesta arriba, ya que sus sitios web y aplicaciones son bloqueadas y se torna cada vez más difícil confiar en las redes privadas virtuales (VPN).

Más aún, los medios expatriados siguen manteniendo fuentes, colaboradores y personal en sus países de origen. La seguridad de estas personas se vuelve más precaria que nunca, debido a su afiliación a organizaciones “contaminadas”.

Y quienes se exilian no solo sufren el trauma de huir del propio país y el estrés de adaptarse a un entorno con el que no están familiarizados, sino también “persecuciones judiciales” (o lawfare) que abusan de mecanismos legales internacionales, órdenes de extradición y leyes de propiedad intelectual o cibernética, lo que los pone al alcance de los mismos regímenes autocráticos de los que trataban de escapar.

Periodismo bajo ataque

Esta judicialización con la que se intenta restringir la libertad de prensa es una amenaza que cambia y se transforma constantemente. Una encuesta realizada en el 2023 a cerca de 500 periodistas de 106 países, por la Thomson Reuters Foundation en colaboración con el Centro Tow para el Periodismo Digital de la Universidad de Columbia, arrojó que cerca del 50 % de los encuestados había sufrido amenazas legales, como acusaciones de calumnia, espionaje, ciberdifamación, delitos financieros y terrorismo.

Los medios de prensa en el exilio son particularmente vulnerables a estos ataques, ya que carecen de los recursos financieros o los conocimientos legales para defenderse en sus nuevas jurisdicciones. Por ejemplo, el gobierno de El Salvador ha iniciado una investigación sobre lavado de dinero contra El Faro, táctica similar a la usada en Guatemala para encarcelar a José Rubén Zamora, fundador y editor del diario elPeriódico, que se vio obligado a cerrar en mayo del 2023.

Los ciberataques, hackeos a las campañas de vigilancia y el acoso en línea, se caracterizan por ser trasnacionales. Tras informar de la muerte de Navalni en febrero, Meduza sufrió el mayor ciberataque de su historia. Los atacantes inhabilitaron el sitio web de este medio, bloquearon sus servidores en espejo, destruyeron sus canales de recolección de fondos de donantes y hackearon las cuentas de sus periodistas.

En los 40 años de trayectoria de la Fundación Thomson Reuters de ayuda a los medios independientes a desarrollar resiliencia operacional y legal frente a este tipo de amenazas existenciales, nunca hemos visto una necesidad de ayuda tan grande como esta.

A medida que los medios noticiosos en el exilio, desde Sudán del Sur hasta Venezuela, se preparan para informar sobre las elecciones que se realicen en sus países de origen, estamos aumentando la escala de nuestras operaciones, y otros actores deberían hacer lo mismo. Las organizaciones de prensa tienen el deber colectivo de luchar contra estos ataques maliciosos a la libertad de expresión que están causando un retroceso democrático en el mundo.

Antonio Zappulla es director ejecutivo de la Fundación Thomson Reuters.

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