Para nadie es un misterio: la continuidad del suministro y la escurridiza calidad de la energía eléctrica afectan el funcionamiento de los equipos conectados a la red y su vida útil.
Mientras durante años la energía eléctrica fue usada para aplicaciones sencillas, tales como la iluminación con bombillos incandescentes o el calentamiento con resistencias o la fuerza motriz de bombas, compresores y máquinas, los problemas de la falta de continuidad y de las desviaciones de la calidad eran asumidos por la paciencia de los consumidores y la robustez de los aparatos conectados.
Las necesidades eran entonces relativamente simples y se entendía que algo noble, admirable y complejo como la electricidad debía ser naturalmente sensible a múltiples fuentes de desviaciones, como las tormentas, el viento y muchas otras causas en origen y destino.
Sin embargo, con la ampliación del uso de la energía a nuevas infraestructuras de telecomunicaciones y bases de datos, y con el desarrollo y difusión de equipos más sofisticados y controles automáticos más “inteligentes”, los requisitos de continuidad y calidad se volvieron más relevantes, más estrictos, a los que hay que prestar atención y dar seguimiento.
En los años 90, el reglamento de calidad del suministro eléctrico del Servicio Nacional de Electricidad consideraba aceptable un 98,5 % de continuidad anual en el suministro eléctrico, por ejemplo. Eso significaba que era aceptable no contar con 130 horas de suministro al año. Hoy, 30 años después, es impensable no contar con suministro muchas menos horas.
Así que la definición de los estándares de calidad evoluciona, como de hecho así refleja el reglamento de la Aresep. Los informes de calidad del suministro de electricidad que publica la Aresep dan cuenta de la evaluación de la continuidad, así como de la inspección que realiza el organismo Uvecase-Celeq de la Universidad de Costa Rica de acuerdo con el citado reglamento.
Los resultados muestran un pobre y desigual cumplimiento de los estándares en las áreas y los circuitos a cargo de las compañías y cooperativas distribuidoras, y revelan que el suministro en las zonas de menor desarrollo es también el más problemático. Existe, en efecto, un desigual trato a estas zonas más desfavorecidas cuando a esos datos se les acompaña de las tarifas aplicadas, como evidencia el índice de competitividad nacional del Consejo de Promoción de la Competitividad. La ruta hacia el desarrollo en esos casos se vuelve más difícil por precio y calidad.
El incumplimiento de estándares —por diferentes causas— representa siempre un costo para el consumidor. Incluso dentro de los márgenes de tolerancia aceptados, las desviaciones representan un costo significativo para el usuario y para la sociedad. Y esos costos son un lastre para Costa Rica.
Pero más allá de lo medido y evaluado en los programas de la normativa de la Aresep, existen unas desviaciones y unos considerables costos adicionales ocultos: las variaciones de corta duración, oscilaciones breves de tensión y de frecuencia que pueden ser intensas, aunque con duraciones muchas veces de fracciones de segundo. Esas oscilaciones o “parpadeos eléctricos” se encuentran fuera de los programas de evaluación de la calidad reglamentados, aunque se espera que las compañías distribuidoras los registren.
Las variaciones y parpadeos no reportados —cuya ocurrencia, por transparencia debería ser hecha pública— tienen un gran costo al afectar de modo directo la vida de componentes electrónicos de todo tipo, especialmente hardware. Cambios de tarjetas y otros componentes electrónicos son una práctica frecuente que representan un gravamen para el usuario y la sociedad, pero sobre todo se trata de un costo oculto, una “externalidad” dolorosa que el sistema nacional de electricidad transmite a la sociedad a escala doméstica, institucional y empresarial, y cuyo valor no es revelado.
Un sistema nacional más capaz, más transparente y mejor regulado debería no obviar los parpadeos y sus consecuencias, y enfocarse más en los consumidores y sus necesidades, que siguen recurriendo a sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), supresores o amortiguadores de parpadeos y plantas de generación de emergencia. Nuestro sistema nacional nos cuesta a todos sin duda, más de lo que reflejan las tarifas, origina desigualdad, afecta la inversión y la productividad y competitividad de las empresas. Y ese costo hay que medirlo.
El autor es coordinador de energía del Consejo de Promoción de la Competitividad.