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Ese día yo no estuve, andaba en San José con papá en una cita en el Hospital de Niños. Entonces, yo era estudiante de kínder, y fue al regresar a mi escuela, en San Isidro de El General, cuando me enteré de que don Ángel Leitón, mi maestro de música, había enseñado la canción de Pinocho y también había contado la historia… pero esa todos la conocemos.
En la edición del 23 de junio del 2022, La Nación me publicó un artículo en el cual señalé la existencia de tres monopolios en el mercado de valores costarricense, su efecto dañino sobre la economía y, principalmente, la enorme posibilidad de eliminarlos mediante un proyecto de ley (expediente 22893) que habíamos presentado como Poder Ejecutivo (28/1/2022) y que se encontraba en trámite en la Asamblea Legislativa.
Al plantear este proyecto de ley, fui muy positivo sobre la eliminación de dichos monopolios, dado que a lo largo de los últimos años ha habido un programa de eliminación de monopolios, que prácticamente alcanzó una connotación de política de Estado. Así, por ejemplo, se eliminaron monopolios en la captación de dinero del público por los bancos, en las telecomunicaciones, en los seguros y ahora existe una fuerte corriente para abrir en su totalidad la distribución de electricidad, entre otros.
Se unía a mi optimismo la fuerte y conocida retórica de fracciones enteras de diputaciones y políticos de nuevos aires, que vociferan en contra del daño que hacen al país los monopolios, cómo estos afectan la eficiencia de los recursos productivos y perjudican la competencia, y la urgente necesidad de eliminar, de cuajo, cualquier cosa que siquiera tenga la osadía de parecerse a uno.
Lo que yo, en mi inocencia, no entendí, fue que esa retórica tenía letra pequeña (sí, como en los contratos) y que esa letra decía que la furia antimonopólica se aplica única y exclusivamente a los monopolios en manos del Estado, pero jamás en contra de los monopolios privados. A esos no les molestan, con total despreocupación de si son convenientes para la colectividad o no, o si están al servicio de un interés público, o si en esos casos sí se vale apelar a la protección del Estado para su perduración; es más, ellos no tienen inconveniente en convertir un monopolio público en uno privado (por ejemplo, la revisión técnica).
Por esa razón, en la comisión donde se conoció el proyecto, se aprobó una moción para “eliminar la eliminación” de los monopolios y dejarlos íntegros; así, cuando el expediente indicado finalmente se convirtió en la Ley 10335, no apareció ninguna referencia a los tres monopolios que pretendíamos eliminar.
Por eso, la próxima vez que usted escuche a un diputado, de cualquier fracción, decir que es enemigo a muerte de los monopolios, le sugiero que lo mire fijamente a la nariz.
El autor es exministro de Hacienda.
