Los flujos migratorios que atraviesan Centroamérica y México en busca del “sueño americano” son cada vez mayores. Personas provenientes de Venezuela, Haití y Cuba inician su travesía en el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, sin que este sea el único de los peligros a los que deben hacer frente. Se calcula que este año pasarán por esta frontera aproximadamente 158.000 personas, en su mayoría procedentes de Venezuela.
El paso por Centroamérica es cada vez más riesgoso, especialmente entre las fronteras de Honduras, Guatemala y México. El cierre de fronteras por los países lleva a las personas a buscar otras vías para entrar, lo que las expone a tráfico de personas, violaciones y otras vejaciones.
Junto con esto, las políticas del expresidente estadounidense Donald Trump, que no han podido ser revertidas, originan que México se haya convertido en un país de larga estancia para los migrantes. Ahí no cuentan con las condiciones para albergarlos, y las autoridades no muestran interés —en especial el presidente López Obrador— en asegurar a los migrantes el respeto de sus derechos humanos.
Luego de superar esta peligrosa y antihumanitaria travesía, el sufrimiento de quienes son desplazados no acaba cuando entran en Estados Unidos. En los últimos meses, los gobernadores republicanos de Florida, Texas y Arizona pusieron en funcionamiento una estrategia de movilización forzosa hacia ciudades consideradas liberales, llamadas santuarios para los migrantes.
Dicha movilización, considerada violatoria de los derechos humanos y de pactos internacionales, es justificada como una forma de llamar la atención sobre la problemática que viven los estados del sur debido a la cantidad de personas que ingresan por sus fronteras, pero también para culpar a los demócratas por sus políticas sobre migración. El asunto se convirtió en una lucha partidista, que no busca una solución integral que considere las condiciones de la gente migrante.
De cara a las elecciones de medio período del próximo 8 de noviembre, la migración y su abordaje se plantea como una dicotomía entre ambos partidos. Desde la administración Trump, los republicanos tomaron una postura mucho más dura, racista y xenófoba contra los provenientes, principalmente, de América Latina.
En el caso de los demócratas, si bien la retórica es menos beligerante, tampoco existe consenso en sus bases sobre cómo responder al problema. En la administración Biden ha habido algunos cambios menores, pero no una reforma estructural, primordialmente, por divisiones internas y la imposibilidad de consensuar con los republicanos.
Por eso, es probable que antes de las elecciones de medio período continúen los fuertes ataques de los republicanos contra las poblaciones migrantes latinoamericanas, pero por cálculos electorales no contarán con la férrea oposición de los demócratas, dadas las implicaciones que podría tener una pérdida del control del Congreso y en sus intenciones partidistas.
Si esta cuestión no es resuelta en Estados Unidos, las migraciones seguirán incrementándose, en detrimento de sus condiciones de vida, como lo vemos en el constante paso de venezolanos por nuestro país, una crisis humanitaria que debe ser atendida mucho más allá de posiciones partidistas en la potencia del norte y trabajar un enfoque regional, en procura de garantizar la seguridad de quienes se desplazan de sus países a causa de las situaciones políticas y económicas que afrontan.
jesus.guzmancastillo@ucr.ac.cr
El autor es politólogo, coordinador del Observatorio de los Estados Unidos del CIEP de la UCR.