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Costa Rica sigue afrontando retos que atentan contra la sostenibilidad fiscal y, por tanto, contra la estabilidad macroeconómica. Me refiero a una situación internacional compleja, elevada inflación, riesgo de bajos crecimientos económicos, alza en las tasas de interés y grandes presiones por las amortizaciones de los próximos cinco años de la deuda del Gobierno Central.
Solo para el año 2022, en el presupuesto de la República, se incluyeron ¢2,2 billones, equivalentes al 5% del PIB, para el pago de intereses y ¢2,8 billones (un 6,2% del PIB) para amortización; adicionalmente, ¢5,4 billones de colocación de títulos valores en el mercado local para el financiamiento de todo el presupuesto.
Estos ¢5,4 billones, que equivalen al 47,2% del presupuesto nacional 2022, ya están comprometidos y aprobados por la Asamblea Legislativa para destinarse a gastos sociales que se financian con endeudamiento público (becas, comedores escolares, atención de la niñez y población adulta mayor, infraestructura, salud y seguridad, entre otros programas prioritarios para la población), pero sobre todo a la atención de compromisos adquiridos para el pago de deuda y sus respectivos intereses.
En el presupuesto ordinario 2023, el gobierno incluyó el pago de $1.000 millones, que corresponden a un vencimiento de deuda en enero próximo. En total, el servicio de la deuda (intereses y amortización) que deberá afrontar el país durante el presupuesto 2023 se estima en ¢5.748.033.4 millones (un aproximado de $8.900 millones).
Con la mirada más a mediano plazo, entre el próximo año y el 2027, Costa Rica deberá pagar $7.860 millones de amortización y $4.360 millones de intereses, es decir, $12.220 millones solo debido a deuda ya contratada en dólares y que se debe cancelar en esa moneda.
En el recuadro se ve que además de los vencimientos cuantiosos de deuda externa, como el eurobono emitido en noviembre del 2012 por $1.000 millones, que vence en enero del 2023, y el de $500 millones a pagar el 30 de abril del 2025 por una emisión realizada en abril del 2013, también hay otros de deuda interna denominada en dólares.
De acuerdo con la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2022-2027, publicada por el Ministerio de Hacienda en abril de este año, históricamente, las necesidades de financiamiento han sido cubiertas, en su mayoría, por el mercado local. Del 2018 al 2021, estos requerimientos representaron, en promedio, un 12,1% del PIB, de los cuales, a excepción del año 2019, el 10% del PIB se financió localmente; no obstante, esto ha sucedido a expensas de una mayor presión sobre las tasas de interés y, por tanto, un mayor costo en el pago de intereses.
Lo descrito evidencia un grave riesgo de deuda, porque la competencia por recursos internos entre Hacienda y el sector privado, aunado al limitado ahorro nacional, presionan al alza las tasas de interés locales, encarecen el costo del financiamiento e impactan el pago de intereses que debe realizar el Gobierno Central, lo que ocasiona una mayor rigidez en el presupuesto de la República.
Por lo anterior, el gobierno debe disponer de alternativas de financiamiento en los mercados internacionales con el propósito de cumplir con las obligaciones de pago pero al menor costo posible y a un nivel prudente de riesgo.
Ha sido reiterado el llamado de las agencias calificadoras para que Costa Rica diversifique sus fuentes de financiamiento, reduzca la presión sobre el mercado doméstico y no autolimite la participación en el mercado internacional, con el fin de que pueda mejorar su rating crediticio.
A pesar de que la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2022-2027 dispone como parte integral de la estrategia de financiamiento y elemento central la importancia de recurrir a los mercados internacionales anualmente, en los últimos cinco años solamente fue posible realizar una colocación en el 2019, justamente antes de la pandemia.
El “Proyecto de ley de autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito” (23036), presentado en abril por el Poder Ejecutivo, permitirá emitir bonos de deuda externa hasta por $6.000 millones, en montos máximos de $1.500 millones al año.
La iniciativa va en línea con la Política de Endeudamiento, publicada en el 2019 por el Ministerio de Hacienda, y la Estrategia de Deuda de Mediano Plazo 2022-2027, y vuelve a centrarse en la importancia de la diversificación de las fuentes de financiamiento, sin tener que depender de forma tan radical del mercado doméstico.
Las necesidades de financiamiento en los próximos años se mantienen cercanas al 10% del PIB y, de no emitirse títulos en el mercado internacional, tendrán que ser cubiertas en el medio local a través del mercado de valores, lo que presionará las tasas de interés al alza y, posiblemente, el tipo de cambio por el intercambio de divisas y la salida de estas para el pago de deuda externa.
Lo primero implica encarecimiento del crédito adquirido por las familias para vivienda, salud y educación, entre otros, así como para inversión, capital de trabajo o compra de insumos en el sector privado. Lo segundo tiene un efecto directo en las personas que ganan en colones, pero cuyas deudas fueron adquiridas en dólares; además, encarece los bienes importados de primera necesidad, lo que deteriora el poder adquisitivo de la población costarricense. De manera adicional, como el Gobierno es un comprador neto de divisas, aumentaría las vulnerabilidades externas del país.
El autor es ministro de Hacienda.
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