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Corría el año 1994 cuando discutíamos acaloradamente sobre el concepto de valor del ambiente y los recursos naturales. Debatíamos sobre la innegable importancia de los bosques, la fauna, la biodiversidad y, con ella, todos los ecosistemas, pero estábamos enfrentados a la terrible deforestación del país, a pesar de las multas y leyes que la prohibían.
El ministro de Ambiente y Energía René Castro Salazar nos lanzó el reto para que buscáramos la forma de reconocer el valor de los servicios ambientales que producían los ecosistemas terrestres. Según el criterio de los más conservacionistas, no se podía; era inconmensurable; los más desarrollistas determinaron que el mercado ya los valoraba, pero en cero. También, se consideró que sería perverso continuar perdiendo los bosques y sus servicios ambientales por la imperfección del mercado.
La economía de los recursos naturales nos brinda una serie de metodologías para aproximar el valor de los intangibles que no se transan en el mercado. Pero lo más importante fue plantear una innovación económica, es decir, un instrumento capaz de fijar un valor e introducirlo al mercado de bienes y servicios transables.
Los inventos o innovaciones de productos tangibles o intangibles no sirven para nada si no son reconocidos por las personas en los mercados económicos. En nuestro caso, se calculó el valor de los servicios ambientales de los bosques y se planteó la posibilidad de otorgar un pago por esos, con la condición de que el dueño de la tierra continuara su actividad productiva de forma sostenible.
En 1996 fue promulgada una nueva ley forestal, que institucionalizó la retribución y creó el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) para financiar, especialmente a pequeños y medianos productores, las actividades forestales.
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Los servicios ambientales se definieron como los que brindan el bosque y las plantaciones que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medioambiente, como mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero; protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad, para conservarla y utilizarla de forma sostenible, y con fines científicos, farmacéuticos, investigativos y para mejoramiento genético. Asimismo, para la protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica para el turismo.
Hasta ese momento nadie había pagado por servicios de tal naturaleza. Esta formalidad legal transformó un servicio intangible en algo más tangible, que pasaba a tener valor y precio. Quedaba por resolver quién iba a pagar por ello.
Fonafifo era financiado por fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales, pero se esperaba obtener recursos provenientes de la conversión de la deuda externa por naturaleza y del pago por los servicios ambientales que, por su gestión, realizaran organizaciones privadas o públicas, nacionales o internacionales.
La fuente de financiamiento principal hoy somos los costarricenses que pagamos el impuesto sobre los combustibles. De esta forma hemos mostrado al mundo que en Costa Rica predicamos con el ejemplo, pues no solo nos interesa que los países contaminantes compensen a los otros por sus emisiones de gases, sino que nosotros también lo hacemos gravando los combustibles, para que dueños de bosques y plantaciones preserven la masa forestal.
La innovación generó efectos virtuosos, pues al aumentar la cobertura forestal también se protegen las fuentes de agua y la biodiversidad y, desde luego, incrementa el turismo ecológico y de aventura.
Este cambio radical en la forma de estimar los servicios ambientales y materializarla mediante una retribución parece simple, pero no lo es. Ha significado una transformación de la forma de pensar de unos y otros en las diferentes disciplinas que parecieran están en contraposición: ecologistas y economistas.
Ha producido un cambio en la educación, en escuelas, colegios y universidades, y ha variado la cultura forestal, agrícola y pecuaria. Las industrias asociadas y el transporte también han debido virar.
Los cambios institucionales han sido enormes, desde los registros de propiedad hasta las formas como se valoran las fincas, que antes se decían «incultas» y de escaso valor si estaban cubiertas de bosque.
En fin, se ha conformado un sistema de innovación forestal que ha sido objeto de investigación a escala mundial y de cientos de artículos científicos al respecto.
El reconocimiento a Costa Rica de la fundación apoyada por el príncipe Guillermo, por la creación de una política económico-ambiental, es justo porque muestra visión del futuro y una política que los diferentes gobiernos han respetado hasta hoy.
El modelo demuestra que entre todos es posible desviarnos del rumbo que llevamos hacia la destrucción del planeta y promover, más bien, una tierra próspera para nuestros hijos, nietos y quienes nos sucederán.
El autor es director del Centro de Política Económica de la Universidad Nacional.
