En una nota del señor Leonardo Garnier titulada “Educación, economía y consistencia”, colgada en una red social, se esgrimen varios argumentos relativos a la negociación del FEES, centrados en dos temas: (1) el aumento automático de la planilla y (2) la magnitud de la matrícula. En su editorial del 18 de agosto, el periódico La Nación esgrime razonamientos coincidentes.
La anualidad es un rubro reconocido universalmente. En cuanto a los ascensos en régimen académico, se podría pensar que son automáticos, pero no es cierto. Estos ascensos no se dan en todas las personas todos los años. En la UCR existen cuatro categorías: instructor, licenciado, adjunto, asociado y catedrático. Las tres categorías superiores exigen 3, 6 y 15 años de servicio, respectivamente. Si la persona ostenta un doctorado académico, el ascenso a la categoría de catedrático puede ocurrir al cumplir 12 años de servicio.
La antigüedad no es el único criterio que determina el ascenso y, por tanto, el nivel salarial. Se toman en cuenta, además, el dominio de idiomas, las publicaciones científicas y las obras profesionales realizadas, así como otros aspectos.
Los salarios universitarios no son excesivos: se encuentran alrededor del percentil 50 de la escala salarial del sector público. Resulta problemático decir, como lo hace el señor Garnier, que las universidades pedimos un presupuesto que nos permita mantener “un conjunto de incentivos o privilegios” cuyos costos se elevan “automáticamente en un 8% anual por encima de la inflación”.
Este 8% está conformado de la siguiente manera:
1. Regreso de becarios y mantenimiento de acreditaciones: 1.91%
2. Reconocimiento por Carrera Académica: 1.30%
3. Anualidad: 1.47%
4. Cuotas patronales de ley: 0.84%
5. Obligaciones por Leyes Laborales y otras partidas menores: 0.88%
6. Partidas Generales: 1.60%
Total: 8.00%
Fuente: OPLAU
Realidad compleja. La realidad es muy diferente a lo que dice el ministro Garnier, para quien “las universidades han optado por frenar la admisión de estudiantes”. Optar significa “escoger algo entre varias cosas” (DRAE). Esta afirmación sugiere que las universidades, por voluntad explícita e intención meditada, deciden parar la afluencia de jóvenes a la educación superior pública.
De esta manera, el Ministro coloca entre paréntesis, como si no existiera, la gran complejidad de factores que condicionan la permanencia y la deserción en la educación secundaria y de un solo plumazo les atribuye a las universidades públicas la dificultad de acceso a la educación superior.
Como sabemos, las variables que provocan la exclusión de los jóvenes del sistema educativo son de naturaleza social y económica, y no pueden ser achacadas a las universidades, sino a la sociedad global y, más específicamente, a la ausencia o ineficacia de programas de superación de la pobreza, cuya obligación es del Estado. Es bien conocido que el coeficiente Gini de desigualdad ha sido recientemente el más alto de las últimas dos décadas en Costa Rica.
Volviendo a los salarios: un estudio comparativo de la Contraloría General de la República (DFOE-PGAA-IF-65-2009) de los promedios de los salarios máximos y mínimos en seis diferentes categorías de instituciones públicas (agrupadas en el tipo de servicios que brindan), arrojó los siguientes resultados:RVEA tabla
Las instituciones de educación superior pública tienen el más bajo salario promedio total máximo.
Todo lo dicho demuestra que las expresiones “élite universitaria” y “sistema de privilegios” en la educación superior pública son alusiones gratuitas que contienen, además, un arbitrario descrédito que dificulta el diálogo tan necesario como urgente.
Actualmente, no requerimos descalificaciones, sino el diálogo horizontal, la palabra respetuosa, las iniciativas compartidas, la participación democrática y la visión conjunta de futuro.