El proyecto de ley 24.137, que pretende prohibir que dos personas viajen en motocicleta en distritos específicos, es un sinsentido que atenta contra las personas trabajadoras y honradas que transitan por las calles de nuestro país.
Basta con salir a la calle por las mañanas o cualquier fin de semana, para ver cómo muchas familias encuentran en la moto una solución asequible para navegar un área metropolitana con opciones de transporte público deficientes.
Que esta iniciativa del diputado Alejandro Pacheco Castro (PUSC) excluya las motos de alto cilindraje, es decir, motos de lujo, revela el elitismo con el que la propuesta fue creada. Que se señalen cantones y distritos específicos para esta prohibición solo remacha su evidente prejuicio.
Desde su Olimpo, el diputado cree que puede detener una problemática multifactorial incomodando al público general. Si la ley se aprobara, el derecho de tránsito de todas las personas quedaría transformado en privilegio de pocos.
Responsabilidad
Es cierto que las autoridades tienen información de los puntos en los que pueden estar ocurriendo los “ajusticiamientos” que persiguen, pero, ¿no debería esto llevar a una mejor vigilancia en estas zonas, en vez de interrumpir las actividades normales de la ciudadanía? La propuesta del diputado Pacheco Castro le endilga la responsabilidad a la ciudadanía de una tarea que las autoridades hacen a medias: si tienen los datos, ¿por qué no actúan a partir de ellos? Además, ¿qué hacer con los asesinatos que han ocurrido dentro de bares o casas particulares?
Según el proyecto, el MOPT deberá informar con al menos 48 horas de anticipación sobre el periodo de vigencia y los lugares donde se aplicarán las restricciones. ¡Faltaba más! Una prohibición antojadiza que solo facilita que los sicarios sepan por dónde transitar; confiamos en que los criminales acatarán alegremente las normativas, como es su costumbre.
Y si usted no es sicario, no se preocupe: la Policía lo detendrá y le pedirá constancias de su actividad laboral, sea independiente o esté en planilla. O bien, le pedirá constancia de que se encuentra viajando con una persona con discapacidad o un menor de 5 años. La duración de la entrevista quedará a discreción del oficial y la explicación por llegar tarde a su destino será su responsabilidad.
El caso de Guatemala
En el año 2009, en Guatemala, la situación del sicariato fue atendida por las autoridades obligando a los “motoristas” a utilizar chalecos y cascos que tuvieran su número de placa en grande, para poder rastrear a los potenciales malhechores. De la misma forma, se prohibió el viaje de dos personas en motocicletas pequeñas, como lo sugiere ahora un miembro de nuestro Congreso.
El caso de Guatemala es una vista a nuestro futuro en caso de aprobarse este proyecto: las medidas causaron más confusión que prevención.
Primero, los chalecos eran negros; luego, anaranjados (lo cual fue criticado por aludir al partido político que gobernaba en aquel momento); al ver un collage de tipografías y tamaños de letra en la calle, en el 2013 se definieron topografías y tamaños de letra oficiales para los chalecos, por lo que los que ya habían invertido en uno podían perder su inversión o “jugársela”.
Considerando que la flota de motos de Ciudad de Guatemala sola supera el millón de vehículos, se volvió más posible ser perseguido por no usar un chaleco y un casco en regla que por involucrarse en actividades criminales. ¿Las únicas ganadoras? Las manos que elaboraron chalecos y cascos con base en unas reglas que cambiaron caprichosamente durante los diez años que se aplicó la ley.
El diario La Hora reportó en el 2021 que 1,7 millones de motocicletas cruzaban Ciudad de Guatemala diariamente y que, una década después de las ocurrencias antisicarios, dichas normas estaban sepultadas en el olvido: actualmente, casi ningún motorista usa chaleco naranja y, en muchos casos, ni siquiera un casco, aunque en el papel las medidas mantengan vigencia.
Las autoridades se dieron cuenta de que era mejor usar el tiempo en perseguir sicarios y redes criminales que en andar detrás de particulares con chalecos de tal o cual color.
La propuesta de no dejar a dos personas andar en moto en Costa Rica es querer tapar el sol con un dedo: la criminalidad de “los barrios marginales” no dista de la de “los barrios buenos”; esa es la lamentable coyuntura en la que nos han puesto este y los anteriores gobiernos.
Limitar el derecho de tránsito no trae soluciones a largo plazo. El sicariato no se detendrá a partir de este proyecto de ley, de la misma forma que múltiples actividades ilícitas no cesan por lo que dicta la normativa vigente.
¿Sabe usted de cuánto sería la multa por andar dos personas en una moto en las zonas prohibidas? De ¢26.000. El diputado Pacheco propone, entonces, un ínfimo impuesto al sicariato, pues la actividad no cesará por lo que diga su propuesta de ley. El proyecto deja los temas de fondo como problema de alguien más.
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Carlos Soto Campos es periodista.