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Costa Rica no puede quedarse atrás en disciplinar las conductas anticompetitivas facilitadas por la inteligencia artificial y la economía digital. Sin remedios rápidos y bien estructurados, el país arriesga enfrentar la concentración de poder en pocas manos y, como consecuencia, aplacar la innovación y perjudicar a los consumidores.
El país tiene la oportunidad de liderar la regulación de la inteligencia artificial (IA) y establecer un modelo de sanciones para las prácticas monopolizadoras propias de la economía digital.
La Unión Europea va adelante con la Ley de Mercados Digitales. Por ende, Costa Rica debería aprobar, según sus necesidades locales, normas que equilibren la innovación con la protección de los derechos de los usuarios y los competidores más pequeños.
Como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), tiene acceso a recomendaciones y apoyo para diseñar políticas que minimicen los riesgos de la concentración de datos y las prácticas anticompetitivas impulsadas por la IA.
El abuso de una posición dominante es un peligro latente cuando los agentes económicos con acceso privilegiado a datos utilizan sus medios y plataformas para impedir la rivalidad. Por ejemplo, en mercados como el comercio electrónico, las aplicaciones suelen dar trato prioritario a sus propios productos o a los de socios vitales.
En Costa Rica, donde los mercados digitales están en expansión, un marco regulatorio firme que prevenga estos riesgos es fundamental. La utilización de algoritmos en las plataformas digitales representa serios riesgos para la competencia que deben ser vigilados.
Las grandes empresas de tecnología, al utilizar IA para personalizar servicios, optimizar precios y fiscalizar datos masivos, descartan a competidores más pequeños y limitan la entrada de nuevos participantes en el ecosistema digital.
Esta mecánica es particularmente preocupante para el comercio electrónico, la publicidad digital y las plataformas de servicios, donde los algoritmos se convierten en barreras artificiales de entrada que aumentan el poder de mercado de los grandes jugadores.
Para nuestro país, centrado en la innovación y la economía basada en servicios, los efectos de la IA pueden retrasar el desarrollo económico y perturbar el progreso equitativo. Además, la colusión algorítmica es una de las formas más insidiosas de prácticas monopolizadoras en la economía digital.
Esta forma de colusión no requiere acuerdos evidentes entre empresas; basta con que los algoritmos ajusten los precios en tiempo real para calcar el proceder de competidores y maximizar los beneficios de los involucrados.
El caso de Amazon y su uso de algoritmos para ajustar precios en su aplicación es una clara muestra de esta problemática. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos comenzó recientemente una investigación sobre cómo Amazon manipula su algoritmo para privilegiar sus productos y restringir la competencia, en menoscabo de los consumidores y los vendedores independientes.
En plazas pequeñas y muy concentradas, como las de nuestro país, esta práctica representa una amenaza significativa. El acaparamiento de datos y el acceso preferente a infraestructuras tecnológicas vitales son barreras de entrada difíciles de superar para nuevos agentes económicos.
En el Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencia impuso restricciones a empresas de tecnología que ejercen un control monopolizador sobre datos esenciales y plataformas de acceso.
Tales asimetrías procuran evitar que las plataformas digitales se conviertan en “guardianas de acceso” que limiten el desarrollo de opciones competidoras y afecten la innovación.
Es necesario diseñar un marco regulatorio que impida el abuso de posición dominante, que regule la colusión algorítmica y permita el acceso a infraestructuras críticas, resguardando así el orden público económico en los ecosistemas digitales.
Costa Rica debe ser pionera en América Latina en la aplicación de las mejores prácticas internacionales de forma local, defender los derechos de los consumidores y fomentar un entorno de innovación inclusiva.
Este enfoque proactivo no solo asegura la imparcialidad en el acceso a los beneficios de la IA, también fortalece el progreso sostenible del mercado digital en el país.
Guillermo Rojas Guzmán es el presidente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
