Proyecto de ley atropella la objeción de conciencia

Una aclaración para el lector: ese derecho es la capacidad de abstenernos de realizar actos que contravienen nuestros ideales y valores éticos. Para quien no es diestro en discernir las implicaciones escondidas tras los conceptos jurídicos, las expresiones del proyecto de ley le resultarán frases con loables objetivos, pero la realidad es que ellas encierran graves devaluaciones de la libertad. Así, pues, el proyecto es una nueva amenaza a la ciudadanía y a los medios de comunicación, que se oculta bajo la inocente apariencia de defender los derechos humanos.

Cárcel por ‘discriminación cultural’. Veamos algunas razones. La eventual ley impone tres años de cárcel a quien realice actos de “discriminación cultural” –según los denomina el proyecto– y, además, otra pena idéntica al que publique información que “discrimine culturalmente”. La pena se agravaría si tal discriminación fuese hecha por los medios de comunicación.

Ahora bien, el problema de fondo surge cuando nos preguntamos qué es discriminar culturalmente. Al escrutar la respuesta, descubrimos que ejercer la cultura ciudadana implica asumir una cosmovisión particular de la existencia. Por eso, asumir una filosofía –o, por ejemplo, una ideología– es un acto propio de cultura.

Así las cosas, cuando asumo una convicción, es porque he decidido discriminar otras. Si decidí, por ejemplo, ser democristiano, es porque discriminé otras concepciones políticas o filosóficas. Si se es democristiano, es porque antes se excluyeron otras opciones contradictorias a ella, como es el existencialismo de Sartre o el deconstruccionismo de Jacques Derrida. O bien, quien decida abrazar convicciones judeocristianas, debe discriminar una cosmovisión materialista o atea de su existencia. Esto es así porque escoger es discriminar.

FA promueve iniciativa. Desde esa perspectiva, lo que el partido Frente Amplio (FA) provocaría con el proyecto de ley que promueve es que, aquí, una persona irá a la cárcel por ejercer su derecho de asumir convicciones culturales. En esencia, es el atropello al derecho de objeción de conciencia. Cuando, como ciudadano, se asumen determinados valores culturales, es porque necesariamente discriminamos aquellos que consideramos que atentan contra lo que es ideal.

La pregunta en este punto es: ¿se pretende ahora imponer cárcel por las discriminaciones culturales que día a día hacemos? Por otra parte, el proyecto establece un segundo tipo penal que contiene peligrosas implicaciones. De prosperar la iniciativa, puede ser igualmente penado con prisión de hasta tres años quien ejecute actos de discriminación sustentada en motivos de orientación sexual. Esta frase encierra igualmente una pretensión que aparenta buenas intenciones, pero lo que realmente significa es, por ejemplo, que el propietario de un negocio familiar tampoco podrá ejercer su derecho a la objeción de conciencia para impedir una escena romántica, si su objeción se sustentó en la orientación sexual de los intervinientes. Ahí, una vez más, la abolición del derecho constitucional mediante el cual nadie puede ser obligado a realizar aquello que contraviene sus propias convicciones.

La historia refiere que, en el siglo VII antes de Cristo, Atenas conoció a un legislador de Tesalia que se caracterizó por el extremismo y severidad de sus leyes. Su nombre era Dracón. Tanta era la rigurosidad de sus códigos normativos, que hoy, cuando los abogados nos referimos a una disposición de excesiva dureza, la llamamos “draconiana”. De igual forma, en nuestro país, ahora se pretende remediarlo todo por la vía de encarcelar a los ciudadanos. Pretendemos ahora ir contra la corriente del derecho moderno, que entiende que muchos de los problemas sociales deben ser enfrentados, más que con la criminalización de las conductas, con una elevación de la cultura social y de los niveles educativos de la población. Y es que toda decadencia social no es sino el resultado de la devaluación de la cultura.

Ley mordaza. Cuando veo un proyecto penal que agrava sus sanciones, si la información que censura se difunde a través de un medio de comunicación, no puedo pensar en otra cosa sino en una típica ley mordaza. Un proyecto que atenta, al menos, contra siete libertades básicas: la de conciencia, expresión, opinión, difusión del pensamiento, enseñanza, asociación y culto.

Hasta ahora, solamente las iglesias –y algunos medios de comunicación que se han sentido amenazados– le han salido al paso a este proyecto de ley, que limita libertades individuales utilizando tipos penales vagos y conceptos imprecisos, como lo es imponer prisión por “discriminar culturalmente”.

¿Cómo justificar un proyecto de este tipo? Se pretende justificar en el hecho de que intenta resguardar la tolerancia y, por este indicio, sabemos que se trata de una iniciativa típicamente posmoderna. En palabras de Giles Lipovetsky, en las sociedades posmodernas es necesaria una suma exaltación de la tolerancia porque el individualismo hedonista se ha vuelto legítimo y ya no encuentra oposición.

Por eso, Vargas Llosa denunciaba que, hoy, los valores dominantes son el estímulo de los sentidos y el placer. A raíz de tal hecho, estas sociedades requieren establecer una ética de mínimos, pues una de estándares altos representa una barrera que obstaculiza su objetivo. Por eso, el posmodernismo preconiza el abandono de todo tipo de verdad o convicción.

Peligrosa intolerancia. Se trata, pues, de una arremetida frontal contra el mismo concepto de verdad, y, como en las sociedades posmodernas no debe haber verdad, tolerarlo todo pasa a ser, en sí mismo, un fin absoluto. El grave problema al que se enfrentan las sociedades que hacen de la absoluta tolerancia un ideal en sí mismo, es que al final del camino se convierten en sociedades altamente intolerantes y con bajos estándares éticos. Y dicha hostilidad se dirige contra todo aquel que pretenda abrazar una alta convicción o luchar por ella. Una precisa ilustración de esa peligrosa intolerancia es este proyecto de ley.