EscucharEl sector azucarero está en una encrucijada. Costa Rica debe elegir entre mantener un modelo obsoleto y poco eficiente, o la oportunidad de liderar una transformación que sea ejemplo en toda la región.
El statu quo perpetúa ineficiencias, distorsiones en los precios y desigualdades sociales. Una reforma integral que fomente la competitividad y reduzca la intervención estatal es esencial para transformar una actividad económica que es motor de crecimiento sostenible y equitativo.
El sector azucarero ha sido históricamente relevante, tanto en términos económicos como sociales. Sin embargo, la estructura del mercado, profundamente influida por la intervención estatal y la normativa vigente, sostiene un entorno poco competitivo, tal como lo ha revelado un estudio de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), donde se detalla una historia de proteccionismo y control estatales.
El análisis del estudio resalta varias barreras que limitan la competencia, entre ellas las arancelarias a la importación, las cuotas de producción asignadas por Laica y la intervención estatal en la fijación de los precios.
Estas barreras dificultan la entrada de nuevos competidores y perpetúan ineficiencias productivas y asignativas. Costa Rica, un productor pequeño a escala global, se beneficiará de una mayor apertura y competencia en el mercado interno, lo que se traducirá en precios más bajos y mayor eficiencia en la asignación de los recursos.
El impacto de las políticas actuales no se limita al ámbito económico. El proteccionismo y las barreras a la competencia tienen también consecuencias sociales y ambientales significativas.
Los precios elevados del azúcar afectan desproporcionadamente a los hogares de menores ingresos, exacerbando la desigualdad. Además, la estructura imperante desincentiva la producción de etanol —biocombustible más sostenible—, en favor de la producción de azúcar para consumo, lo cual contraviene las tendencias internacionales hacia una mayor sostenibilidad y diversificación energética.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones para reformar el sector y promover la rivalidad. Para avanzar hacia un modelo económico más justo y sostenible, es necesario liberarlo de las ataduras que lo han mantenido estancado.
Lo anterior implica, en primer lugar, reducir la intervención estatal, permitir una mayor competencia y eliminar las cuotas de producción asignadas por Laica.
La reducción de las barreras arancelarias posibilitaría el ingreso de nuevos actores, fomentaría la innovación y mejoraría la eficiencia.
La liberalización de la producción y la comercialización de alcoholes y licores, en la actualidad monopolizadas por Fanal, también es crucial para fomentar un mercado más dinámico y competitivo. Esto no solo beneficiaría a los consumidores con precios más bajos, sino que también incentivaría la inversión en campos con alto valor agregado, con un impacto positivo en la sostenibilidad ambiental, como la producción de etanol.
Al aprobar políticas que favorezcan tanto el desarrollo económico como la sostenibilidad ambiental, el país estará en capacidad de convertirse en modelo para otras naciones de América Latina.
Esta transformación, sin embargo, requiere un compromiso decidido de los formuladores de políticas y la disposición para desafiar los intereses establecidos que han mantenido a los azucareros.
El camino hacia la producción de azúcar de una manera competitiva y sostenible no será fácil. Son necesarias reformas legislativas, la eliminación de privilegios y una visión a largo plazo que priorice el bienestar de los consumidores y el desarrollo sostenible sobre los intereses de un pequeño grupo de empresarios dominantes.
Sin embargo, los beneficios de llevar a cabo estos cambios son evidentes: un mercado más justo y eficiente, precios más bajos para los consumidores, mayor competitividad internacional y contribución a la lucha contra el cambio climático. Por ende, la reforma es una tarea urgente.
El autor es presidente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
