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Casi tres años después de la invasión rusa a Ucrania, las sanciones financieras de Occidente comienzan a hacer efecto, lo que ha provocado intensas luchas internas en el Kremlin por el control del Banco Central ruso.
En los últimos dos años, la comunidad empresarial rusa en general se había mantenido en silencio, incluso cuando las sanciones occidentales provocaron un aumento del tipo de interés real. Pero en las últimas semanas, diversos líderes empresariales hicieron oír críticas a la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiúllina, quien ocupa el cargo desde el 2013, y al parecer intentó renunciar al comienzo de la guerra en el 2022.
Aunque la posición de Nabiúllina parece cada vez más precaria, el Kremlin insiste en que las sanciones solo han fortalecido la economía, haciéndola más autosuficiente. Es una falsedad evidente, como lo demuestran los reiterados pedidos de funcionarios rusos de que Occidente levante las restricciones. De hecho, desde la anexión rusa de Crimea en el 2014, las sanciones económicas causaron tres grandes crisis cambiarias: en marzo‑abril del 2014, febrero‑marzo del 2022 y julio‑agosto del 2023. En cada ocasión, Nabiúllina logró contener los efectos aumentando los tipos de interés.
Pero ahora la situación es distinta. El 25 de octubre, con el argumento de contener la inflación, el Banco Central subió del 19 % al 21 % el tipo de interés de referencia. En su declaración, el banco señaló que “las expectativas de inflación siguen en aumento" y que el crecimiento de la demanda interna “supera en forma significativa” la capacidad de la economía para ampliar la oferta de bienes y servicios. La declaración agrega que el aumento del gasto público y el creciente déficit presupuestario tienen “efectos proinflacionarios” que exigen un mayor endurecimiento monetario.
Con una inflación oficial del 9 % y un tipo de interés real del 12 %, se ha reactivado un debate sobre la política económica de Rusia que llevaba mucho tiempo suspendido. Pero las voces dominantes ya no son de economistas, porque la mayoría de los expertos independientes huyeron del país para evitar la prisión.
En su lugar, tres prominentes oligarcas se han pronunciado hace poco contra los aumentos de tipos de interés del Banco Central. El usualmente locuaz Oleg Deripaska no sorprendió a nadie con sus críticas, pero Alexéi Mordashov (dueño del conglomerado siderúrgico Severstal) suele ser muy cauto en sus palabras. A finales de octubre, reconoció la evidente “necesidad de aumentar las tasas para limitar la inflación", pero advirtió: “Estamos llegando a una situación en la que el remedio puede ser más peligroso que la enfermedad".
Deripaska y Mordashov tienen amplio apoyo de la élite empresarial rusa. Pero la verdadera sorpresa fue cuando Serguéi Chémezov, director ejecutivo de la megaempresa estatal de armas y tecnología Rostec, criticó a Nabiúllina en un discurso ante el Consejo de la Federación (la cámara alta del Congreso ruso), diciendo que la sucesión de subidas de tasas llevará a la mayoría de las empresas a la quiebra.
Chémezov también advirtió que los altos tipos de interés pueden obligar a Rostec a detener la exportación de productos de alta tecnología. Otros importantes empresarios han expresado inquietudes similares, y es la primera vez desde el inicio de la guerra contra Ucrania que el presidente Vladímir Putin enfrenta oposición abierta a sus políticas económicas.
Desde el 2004, Putin y sus amigos han amasado fortunas con contratos públicos arreglados y el saqueo sistemático de los activos de la megaempresa energética Gazprom, como muestran el fallecido Borís Nemtsov y Vladímir Milov en un artículo del 2008 titulado "Putin y Gazprom“. Pero las sanciones europeas han convertido las otrora enormes ganancias de Gazprom en inmensas pérdidas, lo que disminuye el poder financiero de viejos aliados de Putin, los “parásitos de Gazprom", entre ellos Mijaíl y Yuri Kovalchuk y Guennadi Tímchenko.
Como sostuvo hace poco Milov, Chémezov se ha convertido en el principal aliado empresarial de Putin. A pesar de sus pocas calificaciones fuera de haber prestado servicio en la KGB junto con Putin en Dresde, supo aprovechar esa relación para obtener el control de la industria de armamentos rusa, ahora consolidada en la empresa Rostec, que tiene apoyo de fondos federales (aunque sus finanzas son secreto de Estado) y maneja aproximadamente el 80 % de la producción militar rusa.
Chémezov también obtiene grandes beneficios de la guerra en Ucrania, y salió favorecido tras los recientes cambios en el gobierno (sobre todo el despido del ministro de Defensa Serguéi Shoigú, quien ya no osa protestar por la mala calidad de los productos de Rostec). En tanto, el principal protegido de Chémezov, Denís Mánturov, fue ascendido a primer vice primer ministro. Tanto Mánturov como Alexéi Diumin, otro aliado de Chémezov, ahora ocupan puestos en el poderoso Consejo de Seguridad.
Conocí a Nabiúllina en los años noventa, cuando era una prestigiosa integrante del campo liberal ruso. En el 2013 estalló en el círculo íntimo de Putin una feroz lucha en torno a designar a un liberal o a un estatista para dirigir el Banco Central.
Los principales contendientes eran el exministro de Finanzas liberal Alexéi Kudrin y el halcón estatista Serguéi Gláziev. Como asesora económica de Putin en ese momento, Nabiúllina llevó a los liberales a la victoria, ayudada por el persistente temor de Putin a que se repitiera el colapso financiero de 1998 que provocó la caída del gobierno del primer ministro Serguéi Kiriyenko.
Al parecer, las prioridades actuales de Nabiúllina son controlar la inflación, reducir la fuga de capitales, estabilizar el rublo y sostener el crecimiento del PIB, que según las previsiones caerá al 0,5‑1,5 % en el 2025, desde el 3,6 % previsto para este año.
Pero al no frenar la inflación, lo más probable es su despido. Su mano derecha, Ksenia Yudáyeva, fue degradada en el 2023 y reasignada al Fondo Monetario Internacional. En la reciente cumbre de los Brics en Kazán, Putin incluso hizo una broma cruel a expensas de Nabiúllina, lo que la dejó visiblemente consternada.
La pregunta ahora es si Putin destituirá a Nabiúllina para poner en su lugar a una persona leal pero sin calificaciones, que reducirá los tipos de interés, permitirá un aumento de la inflación y de la salida de capitales y provocará un derrumbe del rublo.
Puesto que la crisis económica rusa es consecuencia directa de la invasión de Putin y de las posteriores sanciones occidentales, el único modo que tiene Rusia para estabilizar su economía es poner fin a la guerra y retirar sus fuerzas de Ucrania.
Anders Aslund es economista sueco, autor de Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy (Yale University Press, 2019).
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