El reciente hallazgo de una adolescente argentina de 15 años, sometida a esclavitud, y con un peso de 20 kilogramos, es una atrocidad que no debe pasar inadvertida en nuestros lares.
Sus padres adoptivos recibieron su custodia legal y a la niña cuando tenía apenas dos años, pero, lejos de restituirle su derecho a vivir dignamente, la secuestraron, la golpearon, la esclavizaron.
Siendo la última de ocho hijos, empezó a ser buscada por una de sus hermanas biológicas, ya mayor de edad. Tras sus gestiones, un allanamiento dio con la niña. Sus padres adoptivos han sido detenidos por los presuntos delitos de “reducción a la esclavitud y la servidumbre, lesiones graves y privación ilegal de la libertad” ( El País , 16 de abril).
En nuestro país, tristemente, los niños en proceso de declaratoria judicial de abandono, requisito previo para ser dados en adopción, ven pasar los años sin que sus casos se resuelvan con la prontitud deseable.
Conforme pasan los años, van envejeciendo y viendo minadas sus posibilidades de ser adoptados. Muchos llegan a la mayoría de edad habiendo crecido en albergues y sin familia biológica ni adoptiva.
Los procesos de declaratoria judicial de abandono, de adopción nacional e internacional y el seguimiento de los menores adoptados deben ser parte de la prioritaria agenda social del Gobierno.