EscucharLa movilidad es inherente a los seres vivos. Desde el comienzo de nuestra historia, en el Paleolítico, el ser humano se ha desplazado de un punto a otro buscando un lugar seguro y estable que le proporcione los recursos necesarios para subsistir y garantizar su bienestar general.
Hoy, 2.500 millones de años después, sigue presente. Millones de personas se movilizan dentro y fuera de sus países para procurarse recursos socioeconómicos y ambientales con el fin de llevar una vida digna con oportunidades que les aseguren un crecimiento personal y profesional.
Los desplazamientos demandan de los países y las comunidades condiciones adecuadas para recibir a cada una de esas personas.
Se estima que durante el 2023 caminaron por Costa Rica aproximadamente 500.000 con el objetivo de llegar a Estados Unidos. La afluencia implica que el Estado tome acciones con el fin de promover una migración ordenada y que les brinde seguridad y bienestar a estos.
Una de las medidas para alcanzar esa meta fue la incorporación de un objetivo estratégico en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026.
La firma de un decreto que declara emergencia nacional la crisis migratoria y la apertura del Centro de Atención Temporal de Migrantes (Catem) para 2.500 personas que provienen, principalmente, del sur del continente requiere una participación intersectorial que incorpore diferentes ejes temáticos, como educación, salud, seguridad pública y alimentaria, entre otros.
Para brindar una solución integral es necesaria la vinculación, articulación e integración de esfuerzos de una multiplicidad de actores de los sectores público y privado, que generen sinergias que provean a la población migrante y a las comunidades de acogida las condiciones mínimas para hacer frente a este fenómeno.
Pero también las organizaciones del tercer sector, integrado por organizaciones de la sociedad civil con fines filantrópicos, como asociaciones, fundaciones y oenegés, entre otras, deben participar como agentes ejecutores de las políticas migratorias impulsadas por el Estado.
Su participación es de vital importancia, pues el alcance y cobertura de los programas alcanza a territorios y gente donde la institucionalidad pública no llega.
El mes anterior, 27 instituciones y organizaciones recibieron el Sello Vivir la Integración, un 25 % de las cuales pertenecen al tercer sector. El reconocimiento resalta los esfuerzos para promover los derechos y la integración de la población refugiada y solicitante de asilo en Costa Rica.
Emprender un viaje hacia lo desconocido no es fácil, pero transitar por un país que vela por la seguridad y los derechos, y el encontrar una red que trabaja por un mismo objetivo, torna el paso por este pequeño país menos doloroso.
La autora es administradora pública, especialista en gestión del desarrollo y estudiante de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia en la UNA.
