El informe de la valuación actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de diciembre del 2022 confirma la advertencia de la Supén sobre la insuficiencia de la reforma aplicada en enero para la sostenibilidad del sistema más allá del 2050.
Confirma también la urgencia de abordar la estabilidad financiera del régimen, al ser el pasivo fiscal más relevante del país, cuya reserva se agotará en el 2047, dos años antes de lo previsto por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Además, la razón de solvencia se estima en un 56 %, por debajo del 62 % calculado en enero.
Históricamente, el IVM ha utilizado incrementos en las contribuciones como fuente de recursos, pero este enfoque ha sacrificado cobertura y exacerbado la informalidad y la inequidad del Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
Según la valuación del 2022, la cobertura disminuirá con el tiempo y dejará a más costarricenses fuera del sistema en una era de envejecimiento acelerado. A pesar de estos incrementos, no se logra ni la sostenibilidad ni la cobertura deseadas. La falta de nuevos afiliados y contribuciones, en comparación con los gastos del sistema, ejerce una presión creciente que amenaza la viabilidad del régimen a largo plazo.
Anticipando esta insuficiencia, la Supén lanzó el 16 de mayo un diálogo social para fortalecer el SNP. Las propuestas serán presentadas a la Asamblea Legislativa y la CCSS, respetando la autonomía constitucional de esta entidad. El objetivo del diálogo es hallar soluciones viables que restauren la confianza en el sistema, particularmente entre las generaciones más jóvenes. Los avances de este proceso pueden consultarse en www.supen.fi.cr/diálogo-social y los interesados pueden escribir al correo dialogo_social@supen.fi.cr.
Entre las alternativas que se discutirán destacan el establecimiento de una pensión mínima con financiamiento estatal, ajustes en las contribuciones y mayor transparencia en los subsidios otorgados, en particular para pensiones mínimas y anticipadas. Además, se plantea la necesidad de valorar subsidios adicionales, como los “bonos demográficos”, que premiarían a los cotizantes por cada nuevo hijo nacido o adoptado, así como el reconocimiento económico de las labores de los cuidadores, que les permita obtener una pensión contributiva. Estas propuestas buscan no solo mejorar la sostenibilidad del sistema, sino también ofrecer alternativas más justas y equitativas para la población.
Sin embargo, para evitar soluciones parciales que solo posterguen el problema, son cruciales los mecanismos con vistas a hacer ajustes graduales para ir prolongando la vida de la reserva de forma automática según se requiera. Por ello, es vital un autobalance que vincule la edad de retiro con los incrementos en la esperanza de vida y asegurar que los subsidios se distribuyan de manera equitativa entre generaciones y no se procrastine a la hora de tomar decisiones, entre otras propuestas en el diálogo.
Las decisiones que tomemos hoy serán fundamentales para garantizar un futuro sólido y equitativo para las generaciones venideras.
Autores: Rocío Aguilar Montoya, superintendenta de pensiones, y Mauricio Soto Rodríguez, director de supervisión de la Supén.