Escuchar
Si bien la normativa ambiental ha significado un gran progreso en conservación y uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas nacionales, requiere afinamiento para agilizar procesos y ser más eficaz, pero estos ajustes distan mucho de lo que propone el Poder Ejecutivo en el Proyecto de Ley Fortalecimiento de Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.
No entender el espíritu de la gestión ambiental lleva al Ejecutivo a plantear, a grandes rasgos, una reforma cuyo objetivo fundamental es la centralización de la toma de decisiones, no solo en la administración central, sino también en la figura de quien ejerce el mando en el Minae, es decir, el ministro.
No comprender el espíritu participativo y activo de la legislación, ni el concepto de rectoría que se ejerce en el sector público, conduce a los proponentes a exponer un esquema, a la postre regresivo, nada conveniente para el país.
En la comparecencia de la Procuraduría General de la República ante la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado, el 8 de diciembre, el diputado Eliécer Feinzaig expresó que cuando hablamos de consejos de carácter vinculante sobre el cual el jerarca no tiene ningún tipo de “ascendencia”, se crea una “dictadura del criterio técnico”.
Según Feinzaig, hay que tener claridad en cuanto a quién le corresponde tomar la decisión política y cuál es el criterio técnico para fundamentarla. Tiene razón el diputado acerca de a quién le corresponde tomar las decisiones políticas, y sobre esto la normativa es clarísima, lo que pasa es que quienes deben desempeñar ese papel no lo saben, y en la toma de decisiones políticas que requieran criterio técnico, científico y jurídico el ministro debe asesorarse con sus equipos para fundamentarlas.
Una cosa es esto y otra argumentar en contra de la “dictadura del criterio técnico” en las decisiones que el Minae debe tomar por mandato legal. ¿Quién estaría de acuerdo con que la viabilidad ambiental de la construcción de un edificio sea exclusivamente decisión del ministro y no de un consejo interdisciplinario donde se evalúen criterios de ordenamiento espacial y sanitarios y de vialidad, entre otros? ¿No era que este gobierno quería eliminar todos los portillos que sirvieran para la corrupción y el tráfico de influencias? ¿Quién quisiera ver al ministro de turno tomando decisiones sobre el uso de un recurso genético sobre el cual es preciso conocer la situación científica de la especie en el contexto local?
No, no es dictadura de la técnica, diputado Feinzaig, es que el criterio científico debe prevalecer sobre el criterio político del ministro de turno; primero, porque así lo ordena la Ley General de la Administración Pública (LGAP) en el artículo 16, y, segundo, porque el Minae tiene en sus haberes la gestión de múltiples bienes y servicios que le brinda al habitante que constantemente necesita este criterio técnico, de tal forma que las próximas generaciones sigan disfrutando de ellos como nosotros lo hemos hecho.
La diputada Pilar Cisneros afirmó que “en estos órganos desconcentrados... no hay criterio o una política de cooperación con el jerarca” y a veces “es más bien de oposición”. Si eso pasa, es porque el ministro nunca entendió su papel de jerarca del Minae, ni como rector político del sector ambiental.
En cuatro años de ejercer ese puesto, nunca me vi en la situación que describe la diputada Cisneros, ya que tenía muy claro cuál era el puesto que estaba desempeñando gracias a la asesoría legal y administrativa conocedora de la LGAP y otras leyes.
Querer eliminar los consejos de la gente es ir contra el espíritu de la Constitución Política, la cual nos garantiza que el gobierno es democrático, representativo y participativo. La normativa ambiental (nacional e internacional) así lo consigna y la ejecución da como resultado que la gestión ambiental en nuestro país sea ejemplo en el mundo.
Que se pueden mejorar muchas cosas, por supuesto. Mucha agua ha pasado debajo del puente y hemos aprendido, pero no en la dirección apuntada en la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo. Pido a los diputados que analicen las observaciones y elaboren un texto sustitutivo basado en la evidencia, para lo cual me ofrezco a colaborar activamente.
El autor es exministro de Ambiente.
