Solapada reanudación de la pesca de arrastre

Aparte de ser abiertamente criticado por especialistas pesqueros, científicos y biólogos marinos por contener una deficiente metodología que originará resultados errados, el estudio no aporta nuevas técnicas ni métodos, por el contrario, permitirá que una flota de ocho barcos arrastreros altere los fondos marinos mientras recopila información de mala calidad.

¿Qué criterios científicos se usaron para establecer que serían ocho embarcaciones las que se utilizarían en el “estudio”? El Incopesca comunicó que se debe a un factor socioeconómico, ya que de momento ocho familias dueñas de barcos pueden hacer frente a la investigación.

Empresarios dedicados al arrastre dicen que el número se fijó para que el proceso sea “más equitativo y democrático”. Está claro, entonces, que no existen criterios científicos, sino conveniencia política para que sean ocho barcos. El número de embarcaciones en el “estudio” no es un asunto menor. Cuanto mayor la cantidad, más grave será el daño al fondo marino y las poblaciones de organismos.

Según la metodología propuesta, los ocho van a arrastrar durante los dos años de “estudio” unos 4.580 kilómetros cuadrados de fondo marino (equivalentes a unas 715.625 canchas de fútbol).

Es un área similar a la arrastrada por la flota camaronera en el 2007, cuando la prohibición al arrastre no existía, o sea, se repetirá la destrucción detenida tras la sentencia de la Sala Constitucional en el 2013. Al respecto, la academia considera que tres barcos serían suficientes para realizar la investigación.

Para agregar más cuestionamientos al “estudio”, el camarón y la fauna de acompañamiento (FACA) capturados serán comercializados por las flotas semiindustriales. Esto será posible debido a la reforma al artículo 18 de la Ley de Pesca y Acuicultura, promovida por el gobierno y aprobada el año pasado, la cual originalmente pretendía permitir que el Incopesca efectuara investigaciones en conjunto con organizaciones pesqueras artesanales.

La reforma, sin embargo, sufrió modificaciones para que su alcance beneficie también la pesquería del camarón de arrastre. De esta manera, en un “estudio” que tendrá una intensidad de pesca similar a la que se realizaba antes de la prohibición, los dueños de embarcaciones privadas venderán el producto generador del “estudio”.

Lejos de regular la comercialización, el Incopesca afirma que los dueños de las embarcaciones dispondrán a discreción de lo sacado del agua, inclusive firmó “cartas de compromiso de cumplimiento” en las que especifica que el barco camaronero podrá llenar sus bodegas al máximo, vender el producto, volver a llenar las bodegas y vender el nuevo producto desembarcado “cuantas veces sea requerido”.

El Incopesca considera toda la operación un solo “viaje de pesca”. Adicionalmente, las mismas “cartas de compromiso” dicen que los industriales podrán recibir del gobierno combustible a precio preferente “para el desarrollo de la investigación”. Está claro el interés de beneficiar la operación extractiva.

El Incopesca informó de que, adicionalmente, el arrastrero industrial está facultado para negociar la fauna de acompañamiento con valor comercial, es decir, peces con valor comercial que además del camarón sean capturados en las redes.

Es un reconocimiento tácito de que en la “novedosa red” caerán cantidades comercialmente grandes de peces, en competencia directa y desleal con la pesca artesanal. La FACA sin valor comercial (miles de pequeños peces, moluscos, crustáceos, cnidarios, corales suaves, etc.) será lanzada muerta al mar.

El esmero en el “estudio” por favorecer la pesca comercial del camarón es mucho mayor que el puesto en promover una investigación científica sólida. Desde el punto de vista económico, es un mal esquema para el país. Aparte de desconocer cuál será el margen de utilidad del sector arrastrero, los costarricenses financiaremos millones de colones para el pago de equipamiento y contratos, además de vender a los barcos el combustible a precio subsidiado.

Si a lo anterior se le suma la destrucción y el cuestionado valor científico de los resultados, es sorprendente que el país quiera este “estudio”. Lejos de orientarse a obtener información que cumpla con lo requerido por la Sala Constitucional, el “estudio” está más interesado en asegurar ingresos al sector industrial del camarón.

El autor es director general de la Fundación MarViva.