EscucharEl 8 de mayo el presidente Rodrigo Chaves giró una directriz al presidente del ICE y al ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones para que en noviembre las frecuencias del espectro, necesarias para desarrollar la 5G, fueran devueltas al Estado o estuvieran disponibles.
El anuncio hecho por el mandatario el 7 de setiembre es un paso en la dirección correcta y uno muy importante, que supera con creces lo visto en otras administraciones en lo concerniente a la devolución de frecuencias, y, por ende, merece el reconocimiento por haber logrado un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Grupo ICE para la devolución parcial de frecuencias; sin embargo, para cumplir con lo prometido el 8 de mayo, quedan pendientes asuntos por definir para poder afirmar que se efectuó una devolución óptima para el desarrollo de la 5G.
De acuerdo con la Ley 8642, el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, que debe ser administrado por el Poder Ejecutivo, al cual le corresponde asignar, reasignar o rescatar las frecuencias de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria.
Antes de la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Estados Unidos, existía un único operador en el mercado, pero, al pasar a ser un mercado en competencia, el Poder Ejecutivo debió comenzar el rescate de las frecuencias que iban a ser puestas a disposición de nuevos participantes, como ocurre en este momento.
La misma Ley 8642 establece que las concesiones, las autorizaciones y los permisos pueden extinguirse por diversas causales, incluidos el rescate en razón del interés público y el acuerdo mutuo de la administración concedente y el concesionario; esto último fue lo anunciado por el presidente hace pocos días; sin embargo, lo acordado es aún insuficiente.
Según datos de la Sutel, el ICE dispone de 534 megahercios (MHz) asignados en el espectro, mientras que Claro y Liberty, de solo 100 MHz cada uno. En ningún otro país, con poblaciones mayores, un operador dispone de tanto espectro como el ICE. Además, este y Racsa concentran la disponibilidad total de las frecuencias en las bandas de 2.600 MHz y 3.500 MHz, que — informa la Sutel— están siendo parcialmente utilizadas, posiblemente debido a la falta de capacidad de estas entidades para tener infraestructura apropiada para administrar tal cantidad de frecuencias.
El problema, de conformidad con lo señalado por la Sutel, es que esas bandas de frecuencias subutilizadas (1.400 MHz, 2.600 MHz, 3.500 MHz y 26 gigahercios) son hoy indispensables para el desarrollo de la tecnología 5G.
La devolución parcial de frecuencias en las bandas superiores a los 3.500 MHz —según fue anunciado por el presidente— y la no devolución de la banda de 2.600 MHz, conlleva implícitamente un beneficio directo hacia una empresa estatal que opera en un mercado en competencia, por lo que estaría otorgándole una ventaja indebida que la coloca en una mejor condición con respecto a sus competidores (asimetrías de mercado).
Si el ICE no devolviera la totalidad de las frecuencias, y no tuviera necesidad de participar en la subasta que será eventualmente efectuada por la Sutel para la asignación de frecuencias, tendría libertad para la explotación de las frecuencias que mantenga en su poder, pero los demás operadores estarían sujetos a las condiciones y requerimientos que sean establecidos en la licitación correspondiente.
Lo anterior sería discriminatorio contra las empresas privadas y le daría al Grupo ICE una ventaja sustancial, producto de una distorsión en el mercado generada por el mismo Estado, por lo que incluso los operadores deberán ponderar su decisión de participar en la licitación, ya que deberán competir contra una empresa ampliamente favorecida.
Por lo anterior, para beneficiar la competitividad y a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, el Consejo para la Promoción de la Competitividad (CPC) solicita al Poder Ejecutivo continuar por la misma senda en busca de acuerdos que permitan una mayor devolución de las frecuencias al Estado, pensando exclusivamente en el interés público y propiciando una sana competencia entre los participantes en el mercado de las telecomunicaciones. Solo falta un paso para garantizar la asignación objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria del espectro.
La autora es presidenta del Consejo para la Promoción para la Competitividad (CPC).
