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“Usted tiene cáncer” es un diagnóstico que nunca es fácil de recibir. Trae consigo una mezcla de sentimientos, cambios y preocupaciones en la vida cotidiana, entre ellos incertidumbre y miedo.
En Costa Rica, el diagnóstico se suma a las dificultades para recibir atención oportuna y los sobrevivientes enfrentan múltiples obstáculos, como la falta de seguimiento más allá del clínico y limitadas oportunidades para vivir una vida de calidad.
Un ejemplo son las barreras económicas porque, aunque pasen décadas desde el diagnóstico, los sobrevivientes afrontan problemas para obtener créditos, seguros y empleos.
Esta discriminación se basa en el estigma que rodea al cáncer y en la falta de información actualizada sobre las tasas de supervivencia en el país.
Según datos del Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2022 más de 13.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer en Costa Rica, pese a ello registra una de las tasas de supervivencia neta a cinco años más altas en la región para ciertos tipos de cánceres.
La supervivencia neta a cinco años es la probabilidad de que su vida continúe cinco años después del diagnóstico.
El porcentaje de supervivencia cuando se trata de cáncer de mama es superior al 85 %; de próstata, un 94 %, y de cuello uterino, un 73 %. Estas son cifras que se comparan favorablemente con países de mayores recursos. En el caso del cáncer infantil, la tasa de sobrevivencia fue mayor al 80 % en el 2021.
Estos datos reflejan el avance de la medicina en nuestro país y demuestran que un diagnóstico y sobrevivir a la enfermedad no debería ser motivo de discriminación económica ni de ningún otro tipo.
El Proyecto de Ley del Derecho al Olvido Oncológico (expediente 14541) tiene como fin contribuir a la eliminación de estas barreras y permitir a quienes han afrontado el cáncer y sobrevivido rehacer sus vidas sin cargas sociales injustas.
De aprobarse, tendría un impacto especial para jóvenes que después de los tratamientos procuran construir sus vidas mediante créditos para vivienda o estudio, trabajar y contar con un seguro. ¿Es justo que a una persona que superó el cáncer en la infancia le nieguen un préstamo de vivienda 20 o 30 años después, cuando clínicamente se le considera sana luego de tres años de remisión (estar libre de cáncer) sin recaídas?
Esta legislación no es nueva. La Unión Europea aprobó The right to be forgotten en el 2023 y, en el 2025, entrará en vigor en los países miembros. En América Latina, Chile la aprobó el año pasado, donde las tasas de supervivencia son similares a las de Costa Rica.
Actualmente, en los formularios de las entidades financieras para solicitar pólizas se pregunta únicamente si se tuvo cáncer, sin importar el tiempo transcurrido desde el diagnóstico.
Algunos formularios solicitan detallar el tipo de cáncer o si algún familiar también lo ha tenido, lo cual refuerza aún más la discriminación con datos a partir de los cuales se valora el derecho a recibir ciertos beneficios.
La Ley del Derecho al Olvido Oncológico es fácil de implementar y propone, entre otras cosas, que entidades financieras, aseguradoras y empleadores no pregunten si se tuvo cáncer más de cinco años atrás (o tres, en el caso de diagnósticos antes de los 18 años).
Los estudios demuestran que los riesgos de salud de quienes alcanzan cinco años de remisión son similares a los del resto de la población.
En términos clínicos y de seguimiento intrahospitalario, es importante señalar que la ley no pretende ocultar información médica relevante ni alterar los registros hospitalarios. Esta información sigue siendo esencial para el personal médico encargado de dar seguimiento a los pacientes.
Su propósito es mejorar la recuperación socioeconómica y el bienestar de todos aquellos que han superado el proceso clínico y tienen cinco años o más de haberlo finalizado, eliminando el estigma que enfrentan en situaciones cotidianas, como solicitar un préstamo o contratar un seguro.
La Ley del Olvido Oncológico es una oportunidad para que Costa Rica reafirme su compromiso con la equidad, la justicia social y la inclusión. Es una medida que brindará a miles de costarricenses, en especial a la población joven, la oportunidad de avanzar, dejar atrás la enfermedad y garantizar que su historial de salud no les impida seguir adelante.
Carmen Monge es investigadora y defensora de los derechos de pacientes con cáncer.
Luis Fernando Solís es coordinador general del Foro Permanente de Cáncer en Costa Rica.
