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Las aparentes acciones de algunos políticos en complicidad con mercaderes de la internet causan un gran daño a la credibilidad en la forma de hacer política, minan los medios de comunicación y la forma de comunicar y, como consecuencia, una parte de la institucionalidad democrática.
El político no tiene por qué saberlo todo, ni posee poder para resolverlo todo, pero debe conservar incólume el debate de altura, con ideas y de manera frontal, sin utilizar terceros que hablen por él; pagar a otros para que hablen por ellos, a favor o en contra, o peor aún, para deslustrar la imagen de un adversario, denota bajeza del practicante.
Los hechos señalados son muy graves. Incluyen a ministras de Estado, como Joselyn Chacón, quien reconoce pagos realizados a un trol, y Natalia Díaz, quien es parte del Comité de Comunicación; a la diputada y periodista Pilar Cisneros, quien dice no conocer al trol, pero los audios indican que le tiene una gran estima y existen fotos de ambos; y a una funcionaria de la Casa Presidencial, Mayuli Ortega, presidenta de un partido político que se denomina auténtico rodriguista, en abierta adulación hacia el presidente Chaves.
El actor principal de este escándalo es Alberto Vargas (Piero Calandrelli), que además señala que hay otros involucrados, entre ellos, un supuesto comunicador que es pastor evangélico y se hace llamar Robert Junior (sic), organizador de marchas de respaldo —al estilo suramericano— al presidente Chaves.
El Colegio de Periodistas rechaza la desinformación y manipulación, y afirma que sembrar la duda no consigue otra cosa que erosionar la credibilidad en el sistema político y democrático. Las ansias del presidente Chaves y de algunos de sus cercanos por querer atacar a la prensa y al Primer Poder de la República lo llevaron a tomar decisiones equivocadas, pero negociar con desinformadores con máscara nunca resulta en bien. Lo peor es que el daño está hecho, incluido el infligido a la credibilidad del gobierno.
Lo grave de las estrategias de desinformación y campañas anónimas es que se concretan en sucesos que atentan contra la prensa, como lo fue el cierre de Parque Viva, resuelto por la Sala Constitucional, cuyos magistrados reafirmaron que las actuaciones del gobierno tenían vicios de “censura velada” y una violación indirecta a la libertad de expresión.
Otros son el intento de arresto del periodista Alberto Padilla en una cabina de radio y las amenazas a políticos de oposición, algunas en la forma de visitas a los domicilios de diputados.
Yo mismo y otros legisladores hemos sido objeto de amenazas, ofensas e injurias en las redes sociales, y no pienso quedarme callado. Es hora de acabar con prácticas enfermizas que no hacen otra cosa que socavar la democracia costarricense; basta de mentiras en las redes y de máscaras. El gobierno y la bancada oficialista le deben una disculpa al país y deben empezar a formular debates de altura sin plataformas, sin shows mediáticos y sin terceros que den la cara por ellos.
Hay que llegar al fondo de este atentado contra la democracia, más aún si los implicados son autoridades de gobierno o de la Asamblea Legislativa, la mala práctica de manipulación de masas para despertar el odio y dividir a la sociedad debe ser erradicada.
Debemos aspirar a una sociedad educada, crítica, con una prensa que informe imparcialmente y una clase política que debate de frente, con ideas y propuestas.
El autor es diputado.
