Un Estado sin límites

Sin estos principios, el Estado avanza sin restricciones, imponiendo decisiones arbitrarias que debilitan la democracia y vulneran los derechos fundamentales, como ocurre con algunas recientes iniciativas legislativas.

Amenazas al Estado de derecho

En su afán de combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, los políticos impulsan dos proyectos de ley que pasan por encima de la Constitución y sus principios fundamentales, aunque la Sala IV se haya pronunciado al respecto con un fallo reciente que ha dejado mucho que desear en su interpretación de la Carta Magna. Definitivamente, la composición de este órgano, dominado por burócratas que viven del Estado, está afectando sus resoluciones.

1. Levantamiento del secreto bancario sin orden judicial (expediente 24.658).

El derecho a la privacidad financiera es un pilar de la seguridad jurídica. Sin embargo, esta propuesta permitiría a las autoridades administrativas acceder a la información bancaria de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial.

Esto viola el artículo 24 de la Constitución, que protege la intimidad y el secreto de las comunicaciones. La supervisión judicial es esencial para evitar abusos. Si eliminamos esa garantía, abrimos la puerta a un Estado en el que cualquier funcionario pueda husmear en nuestras cuentas bancarias con solo “sospechar” algo.

Y la Corte Plena se limita a decir que eso no afecta su funcionamiento y que, por lo tanto, el proyecto puede aprobarse por mayoría simple. Al parecer, quienes componen ese órgano de justicia viven en un universo paralelo, donde lo importante es mantener su estilo de vida de “clase media”.

2. Extinción de dominio sin condena penal (expediente 22.834).

Este proyecto permitiría al Estado confiscar bienes sin condena judicial. Bastaría con que un funcionario los considere de origen dudoso, sin necesidad de pruebas.

Además, solo se concederían tres días para demostrar la legitimidad del patrimonio, sin un monto mínimo que determine qué se considera sospechoso. Así, todo se dejaría a la discreción del burócrata de turno o incluso de un vecino envidioso.

Esta medida contradice el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, ambos protegidos por la Constitución. En países donde se han aprobado leyes similares, estas han sido usadas para persecuciones políticas y confiscaciones arbitrarias. ¿Queremos repetir ese error?

Herramientas contra el crimen organizado

Nuestros problemas no se deben a la falta de leyes, sino a su aplicación efectiva. Las normas existen, pero las instituciones no optimizan procesos, desaprovechan herramientas tecnológicas y operan con una burocracia lenta y engorrosa. En lugar de atacar la raíz del problema, los políticos y líderes institucionales piden más regulaciones para mantener su statu quo, mientras les complican aún más la vida a los ciudadanos.

Las nuevas propuestas no afectan a los grandes criminales, que siempre encuentran la manera de evadir la ley, sino que golpean a ciudadanos comunes, empresarios y trabajadores, dejándolos bajo sospecha y sin protección legal.

Mientras los narcotraficantes evitan los canales oficiales y siguen diversificando sus operaciones, estas medidas solo castigan a quienes cumplen la ley, sin ofrecer una solución real al crimen.

Es claro que ya contamos con un marco legal robusto:

• Ley N.º 8204: Regula la lucha contra el narcotráfico, la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. En su aplicación, se incorporaron sectores susceptibles, lo que no solo complicó la vida de muchos actores legítimos, sino que también llevó a la Sugef a descuidar la supervisión financiera, su función principal. ¿El resultado? Los narcotraficantes simplemente diversificaron sus operaciones hacia sectores como la ganadería y la venta de vehículos.
• Ley N.º 8754: Establece medidas contra la delincuencia organizada, como la investigación financiera y la cooperación internacional, para dotar al Estado de herramientas legales efectivas que permitan desarticular estructuras criminales y proteger la seguridad ciudadana.
• Ley N.º 9416: Creada para combatir el fraude fiscal y mejorar la transparencia. En la práctica, permitió al Estado registrar todas las sociedades anónimas y sus miembros, además de facilitar el intercambio de información entre instituciones. Eso nunca debió permitirse, pero la indiferencia ciudadana lo hizo posible. Ahora, el Estado cuenta con una megabase de datos, manejada por el BCCR, con acceso a información detallada de personas y empresas.

Defender la Constitución

Conceder más poder al gobierno sin supervisión judicial abre la puerta a abusos, al permitir la persecución de opositores, el hostigamiento a empresarios y periodistas, y la vulneración de derechos como la privacidad y la propiedad privada.

Las democracias no caen de un día para otro, sino a través de leyes que erosionan libertades progresivamente. Hoy eliminan el secreto bancario, mañana la presunción de inocencia y luego la libertad de expresión.

Defender la Constitución no es una opción, es una responsabilidad, si estos proyectos avanzan sin resistencia, el camino inevitable será la pérdida de derechos y los atropellos constantes. Cada batalla que no damos es un pedazo de nuestra libertad que se desvanece, y una vez perdida, difícilmente se recupera.

Cualquier medida contra el crimen organizado debe respetar los principios democráticos, garantizando controles judiciales y leyes proporcionales y justas, porque solo protegiendo la integridad del Estado de derecho se mantiene la confianza ciudadana en sus instituciones.

lsaumacr@gmail.com

Laura Sauma es ingeniera civil y la directora ejecutiva de Primera Línea CR.