Según el discurso de Rodrigo Chaves, él es un presidente con el mundo entero en contra, que debe luchar contra todo y contra todos, cuyos proyectos son constantemente torpedeados por inconfesables intereses.
Su blanco más reciente son el Ministerio Público y la Sala Tercera, que estarían tratando de “hostigarlo y de callarlo”. Su diana predilecta es la Contraloría, convertida en su retórica en “un demonio” que se le atraviesa al desarrollo “por capricho o por política electoral”, y que debe ser exorcizado de la vida nacional.
Su enemigo recurrente es la prensa “canalla”, que lo critica, lo cuestiona y se resiste a informar sobre la “verdad”. Así podemos agregar un sinfín de personas e instituciones, públicas o privadas, Tribunal Supremo de Elecciones, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, especialmente la Sala Constitucional, empresas dueñas de medios de comunicación, etc.
Sin embargo, la realidad es muy distinta. Si se allanó el Ministerio de Salud recientemente es porque la Sala Constitucional determinó que el cierre del Parque Viva constituyó una desviación del poder público, claramente ligado a la amenaza que en campaña hizo el entonces candidato y ahora presidente de desaparecer a medios de prensa cual si fuera un tsunami. Constatado ese hecho tan grave en una sentencia del más alto tribunal, es deber ineludible del Ministerio Público investigar, como lo está haciendo.
Quien conoce un poco la Constitución Política y las leyes sabe que la Contraloría es un órgano constitucional, creado con el propósito de velar por el buen uso de los recursos públicos. Y quien sepa y reconozca el terrible daño que la corrupción pública le hace al país querrá fortalecer sus facultades de control de la Hacienda pública, nunca debilitarlas. Si la Contraloría requiere reformas para hacer más ágil su funcionamiento, la cuestión debe plantearse de manera seria y discutirse en la Asamblea Legislativa, como corresponde en una democracia madura.
Por supuesto, también quienes comprenden el funcionamiento de una democracia saben que la crítica de la prensa y el escrutinio de la opinión pública son consustanciales al ejercicio del poder. Después de todo, el presidente, sus ministros y los funcionarios son simples depositarios transitorios del poder que delegó en ellos el pueblo. Por eso, la Sala Constitucional ha señalado que tienen un deber de mayor tolerancia ante la crítica, aun cuando pueda resultar incómoda. Como dicen los chiquillos en las escuelas, “el que se mete aguanta”. Pero ahora, algunos políticos padecen de hipersensibilidad en su epidermis y, por ende, se muestran intolerantes al control ciudadano.
En realidad, nuestro presidente no está solo contra el mundo, porque dirige una república democrática donde existen pesos y contrapesos, y salvaguardas y controles ciudadanos para evitar abusos y arbitrariedades, donde debe imperar el respeto a la ley y al Estado de derecho.
Cuanto más pronto termine de entenderlo, más pronto dejará de batirse en duelo contra molinos de viento y podrá concentrar sus esfuerzos y energías en atender los muchos problemas que nos agobian. La difícil coyuntura que vivimos lo demanda.
El autor es abogado.